La Comisión Europea presentó uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Una auténtica revolución en el sector energético, del transporte o la construcción para facilitar que la UE consiga alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones de CO2 netas) para 2050. La meta volante pasará por reducir las emisiones de CO2 al menos un 55% para 2030. Las 13 iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario bajo el título Fit for 55 representan el exigente camino para atar ese objetivo.

Una de las iniciativas que tendrán más impacto será la revisión de la directiva de fiscalidad energética. Desde la Comisión Europea explican que es necesario alinear la norma de 2003 con los objetivos del Pacto Verde europeo para descarbonizar la actividad europea. La Comisión Europea ya protagonizó un intento en 2011, que acabó en fracaso en 2015 y con la retirada de un proyecto muy similar al presentado ayer por el Ejecutivo comunitario, aunque en aquel caso el incremento planteado de los impuestos era menor.

La magnitud de los cambios propuestos ahora salta a la vista al atender a los nuevos mínimos que introducirá la revisión de dicha directiva. En el caso del diésel, se pasará de 330 euros por cada 1.000 litros a 482 euros por cada 1000 litros cuando concluya el periodo de transición en 2033, lo que representa una subida del 46%.

Actualmente, los impuestos especiales al diésel en España se sitúan en 379 euros, lo que significa que el incremento en nuestro país será del 27%. Con esta subida, y si tenemos en cuenta unos precios del orden de 1,2 euros por litro, la subida rondaría los 12 céntimos a incrementarse antes de 2033, lo que supone del orden de 6 euros por cada depósito. En el caso de la gasolina, el suelo pasará de 359 euros por cada 1000 litros a 443 euros por cada 1000 litros en 2033, un 23,3% más.

Los cambios también afectarán al gasóleo utilizado para calentar los hogares, que pasará de 21 euros por cada 1000 litros a 40 euros por cada 1000 litros, un 47,5% más, lo que en la práctica lo deja fuera de mercado frente a otras alternativas como la bomba de calor. La suerte será diferente para la electricidad. La fiscalidad para el megavatio-hora pasará de ser 1 euro (para hogares) y 0,5 euros (para empresas) a un mínimo único de 0,67 euros por megavatio/hora.

La directiva incluirá además una serie de garantías para proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, los Estados miembros podrán excluir a los hogares con menos recursos de los impuestos del combustible para calefacción y electricidad. La Comisión presentó también una nueva Facilidad de Acción Climática Social para apoyar a las familias con bajos ingresos. Este nuevo fondo social contará con 72.200 millones de euros para los próximos siete años, financiado con los recursos del nuevo mercado de emisiones, para facilitar esta exigente transición a los grupos con menos recursos.

La medida supone una propuesta similar a la lanzada en España con el dinero de los windfall profits, pero sin intervenir los ingresos de las compañías. La Comisión quiere que el 100% de los ingresos que se consigan mediante este tipo de financiación por parte de los Estados se destine a energía o cambio climático.