La Comisión Europea (CE) exigirá que la reforma laboral que prepara el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, mantenga la flexibilidad del mercado laboral español. Fuentes comunitarias aseguran que aún no han recibido los pormenores de los cambios que prepara el Gobierno de España en materia de negociación colectiva. Sin embargo, subrayan que Bruselas analizará “pormenorizadamente” las reformas y exigirá “mantener la flexibilidad del mercado laboral español” para evitar “pasos atrás” que supongan una mayor rigidez de contratación para las empresas.

La Comisión asegura que la política laboral es uno de los principales asuntos que preocupan en la UE. La intención de las autoridades europeas es que las compañías puedan adaptarse “rápidamente” a la evolución de la economía y la coyuntura laboral. Por ello, pidieron a España que les envíe un informe preliminar con las futuras reformas referidas a negociación colectiva, como adelantó este diario en el mes de junio. Según apuntan las fuentes comunitarias, en el momento en el que obtengan el informe, se analizará “cuidadosamente”.

La reforma laboral del Partido Popular -que ahora quiere reformar el Ejecutivo- se pactó con las instituciones europeas en el año 2012. El propio vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ya contestó el año pasado a una pregunta del Eurodiputado Luis Garicano, que “es importante que no haya marcha atrás en las reformas aplicadas”.

La CE exige al Ministerio de Trabajo que antes de afrontar la reforma de la negociación colectiva puesta en estos momentos encima de la mesa de diálogo social envíe a Bruselas un informe detallado sobre cómo ha funcionado la reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular en esta materia. En el documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea relativo al Plan de Recuperación y Resiliencia, Bruselas exige que “la reforma [en referencia exclusivamente a la parte de negociación colectiva] ha de ir acompañada de un informe de evaluación ex ante de las carencias de la legislación vigente [en referencia a la aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy] en materia de convenio colectivos”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocieron la solicitud de Bruselas hace tres meses y confirmaron que se era una petición largamente expuesta por las autoridades comunitarias desde octubre de 2020. Entonces puntualizaron a este diario que el documento se remitiría “pronto” a Bruselas, algo que todavía no se ha producido. Una solicitud que se enmarca en el escaso detalle del contenido de las reformas que en materia laboral presentó el Ministerio de Trabajo a la Comisión Europea. En el mismo documento de Trabajo, los Servicios de la Comisión apuntaron que “España no ha podido indicar cuáles serán las modificaciones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social a este respecto”.

No obstante, la Comisión Europea establece algunas consideraciones sobre los objetivos que debe cumplir el futuro sistema española de negociación colectiva. Dice textualmente que la reforma prevista en el componente 23 (Mercado de trabajo) se lleve a cabo con total respeto al diálogo social y “siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo”. Y dice que “se espera que, merced a su diseño, la reforma sustente la competitividad y la creación de empleo, principalmente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidamente a la evolución de la economía y que los salarios respondan a coyunturas que afecten a la productividad a medio plazo”.