La Comisión Europea analiza ya en un procedimiento específico la persecución de Hacienda contra los españoles residentes fuera de la Unión Europea. Bruselas reconoce un «gran número de denuncias» de españoles en el extranjero contra la normativa tributaria, que les hace pagar hasta más del triple por las rentas que mantienen en España, respecto a los residentes comunitarios. La Comisión Europea admite ahora «el elevado número de demandas sobre este asunto» y subraya que ha consignado todas estas denuncias en su registro central bajo un mismo procedimiento, el CHAP (2021) 1080, según nuevos documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Los informes europeos advierten de la posibilidad de que el proceso termine en la «incoación de un procedimiento formal de infracción» contra España por vulnerar el Tratado fundacional europeo en materia de libre circulación de personas y capitales. Bruselas promete a los afectados que «examinarán las denuncias para garantizar que las leyes de los Estados miembros sean conformes a la legislación europea».

Bruselas constata «el interés público» surgido a raíz de las informaciones. La Comisión ha decidido crear un portal web donde informará del desarrollo del procedimiento. «Con el fin de dar una respuesta rápida e informar a los interesados, se informará a los afectados a través de ese canal», apunta la UE. Además, tranquiliza a los denunciantes y les recuerda que tramitará la denuncia múltiple de manera confidencial.

En cualquier caso, Bruselas recuerda a los afectados que deberán emprender acciones legales ante la Justicia española. «La presentación de estas denuncias no puede resolver su situación concreta e individual», apunta la Comisión. «Para obtener reparación, incluida una indemnización si está justificada, deben emprender acciones legales a nivel nacional, ya que nuestro objetivo consistirá solo en estudiar que las leyes sean conformes», añade.

Las denuncias han aumentado después de que los españoles en Reino Unido se hayan encontrado con el hachazo del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR) tras el Brexit, al dejar de pertenecer a la UE. Es el caso de José, que prefiere no dar su apellido. Reside en Reino Unido y tiene un piso alquilado en España. Califica de «injusta» la normativa española. «Me veré muy afectado por esta situación», explica.

En la misma línea, un matrimonio de españoles residentes en Perú por motivos laborales ha denunciado también a España ante la Comisión Europea. «Nos vemos obligados a alquilar las dos propiedades de España para poder cubrir la hipoteca y nos vemos castigados y discriminados por esta ley», argumentan.