La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha intentado este miércoles conciliar en su discurso del estado de la Unión las fuertes tensiones entre los Veintisiete y la necesidad de dar respuesta a la crisis provocada por los altos precios de la energía. Solo un número se ha colado en su alocución: 140.000 millones de euros, la cifra que los países del bloque podrían recaudar gracias a los nuevos impuestos que Bruselas busca aprobar.

El Ejecutivo comunitario apuesta por dos medidas fundamentales a corto plazo: recortar los beneficios de las empresas generadoras de energía que no dependen del gas e imponer una nueva contribución a las petroleras. La presidenta ha procurado resaltar que no se trata de un intento de intervención en contra de la economía de mercado, pero que "en estos tiempos está mal recibir beneficios récords al beneficiarse de la guerra y a costa de los consumidores".

Bruselas está tan decidida a que las grandes compañías energéticas contribuyan a paliar la crisis inflacionista y de escasez de suministro de energía que está dispuesta a dar un paso inédito promoviendo la creación de un impuesto extraordinario común para todos los Estados miembros. El tributo, que drenaría un tercio de los beneficios extraordinarios logrados en 2022 por las empresas que operan con combustibles fósiles, recaudaría 25.000 millones de euros en toda la Unión Europea. De prosperar, la nueva figura obligaría al Gobierno español a tumbar el nuevo tributo a las energéticas que acaba de comenzar a tramitar el Parlamento, suavizando el impacto económico que espera el sector nacional.

"Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón obtienen enormes beneficios. Así que tienen que pagar una parte justa, tienen que dar una contribución de crisis", defendió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso del estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. "Nuestra propuesta recaudará más de 140.000 millones de euros para que los Estados miembros amortigüen el golpe" de una crisis inflacionista iniciada por los cuellos de botella que generó la pandemia y agravada por la invasión rusa sobre Ucrania y las restricciones de suministro energético impuestas por Moscú a la UE. El grueso del monto, 117.000 millones, saldría del tope de 180 euros por megavatio que Bruselas plantea imponer sobre los ingresos de quienes generan energía renovable o nuclear (ver página anterior). Otros 25.000 millones, detalló la Comisión, provendrían de una "contribución solidaria temporal" aportada "por empresas energéticas en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías".

Pese al eufemismo, esta contribución solidaria toma forma de impuesto tradicional, el primero que se impulsaría de forma común en una Unión Europea que tiene pendiente la construcción de una auténtica Unión Fiscal. El mecanismo, que viene siendo discutido con los distintos países en los últimos días a partir de borradores informales, quedó oficialmente plasmado ayer en una "propuesta de reglamento sobre una intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía".

El planteamiento final consiste en aplicar un tipo de gravamen del 33% sobre los beneficios extraordinarios cosechados por las compañías de combustibles fósiles durante 2022 como consecuencia del excepcional alza de los precios energéticos. Para medir este etéreo concepto, la Comisión propone fijar como base imponible las ganancias del presente ejercicio que superen en un 20% la media de beneficios anuales del periodo 2019 a 2021. Para aquellas compañías que arrojen un resultado medio negativo en los tres últimos años, la cifra de referencia sería "cero", con lo que fuentes oficiales explican que todas las ganancias achacables a 2022 quedarán sujetas al tipo del 33%.

El texto detalla que los beneficios computables serían los que determinen las normas fiscales de cada país y que el nuevo gravamen comunitario se aplicará "además de los impuestos y tasas regulares" de cada país. No ocurrirá lo mismo, sin embargo, con los diferentes impuestos extraordinarios a empresas energéticas que varios países han ido impulsando y que, confirman fuentes oficiales, están condenados a ser sustituidos por la nueva tasa europea si acaba creándose. Esta situación afectaría, por ejemplo, al impuesto que Italia aprobó en primavera, o al que el Parlamento español ha comenzado a tramitar esta semana.

Este último ha sido promovido por los grupos que forman el Gobierno, sorteando los informes preceptivos de los proyectos del Ejecutivo, bajo la inusual fórmula de "prestación pública patrimonial no tributaria". Busca recaudar 2.000 millones anuales gravando al 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de las firmas energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Estaría en vigor en 2023 y 2024, gravando los beneficios de los ejercicios previos, arrojando 4.000 millones a los que se sumarían los 1.500 millones anuales que aportaría el nuevo impuesto a la banca (que no está en cuestión por el plan europeo).

El objetivo es que ambas figuras queden aprobadas antes de final de año para que puedan comenzar a gravar a los sectores afectados este mismo año sin incurrir en retroactividad, una carrera contra el tiempo que también encara Bruselas. De prosperar el tributo europeo -lo que está por ver dadas las diferencias de criterio entre países- el español sería modificado o sustituido, suavizando el impacto económico para el sector nacional, puesto que la tasa comunitaria grava beneficios en lugar de ingresos; afecta solo a 2022, y no a 2023; y se centra en las firmas de combustibles fósiles, no en todas las energéticas. Es decir, que recaudaría menos.