La Comisión Europea ha sugerido este miércoles que las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites del 3% al déficit y del 60% a la deuda pública de los Estados miembros, continuarán suspendidas también durante el año 2022 para que los socios puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías. Por tanto, el debate sobre la desactivación de la cláusula de escape, añade Bruselas, no debería empezar a darse hasta el año 2023.

Así lo asegura el Ejecutivo comunitario en un documento presentado hoy en el que explica que la decisión de volver al pacto de estabilidad fiscal «debería tomarse tras una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos». El nivel de actividad económica en la UE y en la zona euro, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, «sería el criterio cuantitativo clave para que la Comisión realizase su evaluación general de la desactivación de la cláusula de escape general», explica el texto. «Las indicaciones preliminares actuales sugieren seguir aplicando la cláusula de escape general en 2022 y desactivarla a partir de 2023», añade.

Para amortiguar el impacto de la pandemia y promover la recuperación, ha recalcado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, «nuestro mensaje es que el apoyo presupuestario debe mantenerse tanto tiempo como haga falta. Sobre la base de las indicaciones actuales, la cláusula general de salvaguardia permanecería activa en 2022 y se desactivaría en 2023». Tras un diálogo entre el Consejo y la Comisión, Bruselas evaluará la desactivación o activación continua de la cláusula de escape general sobre la base de las previsiones de primavera de 2021, que se publicarán durante la primera mitad de mayo.

En este debate, añade la Comisión, «se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país tras la desactivación de la cláusula de salvaguardia general». Y en caso de que un Estado miembro no se haya recuperado, «se utilizarán plenamente todas las flexibilidades del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular las orientaciones en política fiscal». La decisión, de confirmarse, supondría un importante alivio para España en un momento de máximo tensionamiento de las cuentas públicas en el contexto de la crisis abierta por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En plena recuperación económica de la crisis anterior, aunque ya en desaceleración del ritmo de avance económico, el agujero fiscal español ya protagonizó su primer repunte en seis años al cierre de 2019, cuando se situó en el 2,8% del PIB. A partir de ahí, la factura de atender el coste sanitario, económico y social que ha supuesto la propagación del coronavirus habría disparado el déficit hasta el entorno del 11,3% al terminar 2020, según las previsiones del Gobierno, pendientes aún del dato definitivo de cierre.

La suspensión de las reglas fiscales durante 2020 permitió al Ejecutivo despreocuparse de semejante escalada en el corto plazo y la decisión de alargarla durante 2021 daba un claro aliento a la recuperación. La gran duda, sin embargo, estaba en ver cuándo tendría el país que volver a ceñirse el cinturón de la austeridad comunitaria que aplica el protocolo de déficit excesivo a aquellas regiones que superen el umbral del 3%. Reconducir un desequilibrio de dos dígitos entre los ingresos y gastos puede llevar al país varios años, a tenor de lo ocurrido en la crisis anterior. España cerró 2007 con un superávit del 1,9% que se convirtió en un déficit del 4,6% en 2008 y escaló al 11,28% del PIB en 2009.