Con esta propuesta, se busca suprimir el impuesto de matriculación y se cree uno de periodicidad anual y alcance estatal que grave al parque circulante en función de las emisiones de CO2. También dependería la normativa Euro que le corresponda a cada modelo, es decir, según la antigüedad del vehículo, por lo que se estaría considerando tanto las emisiones relativas a la descarbonización, las emisiones contaminantes locales como la seguridad vial.

Los fabricantes calculan que el nuevo impuesto permitiría unos ingresos a las arcas públicas del Estado de unos 2.700 millones de euros. El Gobierno repartiría el dinero entre las comunidades autónomas, que en la actualidad tienen transferido el impuesto de matriculación. La patronal también pide que los eléctricos no tributen por IVA, al menos hasta que se igualen en precio frente uno de combustión, y se le reduzca a los híbridos enchufables.

Según Anfac, al tener un base sobre el parque, la cuantía de recaudación es “elevada” con unas cuotas anuales razonables, que tendrían además en cuenta los consumidores vulnerables. Los cálculos de la asociación apuntan a que estos ingresos permitirían eliminar el impuesto a entre 190.00 y 300.000 vehículos, cuando el objetivo a 2022 para el vehículo electrificado aspira a alcanzar una exención para 120.000. Anfac advierte de que en España se deben achatarrar 19 millones de vehículos hasta 2030 para reducir la edad media del parque de 12,5 a 9 años. Para la patronal, el país tiene que sumar hasta 14 millones de vehículos nuevos en nueve años, la mitad electrificados.

“Tenemos que cumplir una directiva y aquellos vehículos que más contaminan tienen que contribuir en mayor medida que los que usan energías más limpias”, respondió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante una posible modificación.