La aprobación este martes en el Consejo de Ministros del nuevo proyecto de ley de Vivienda, confirmado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, causa incertidumbres en el sector inmobiliario. Las angustias de los profesionales de la venta de viviendas se arrastran desde hace semanas y se han mostrado principalmente a través de colegios profesionales y asociaciones del ámbito. La idea generalizada es que la obligación anunciada de destinar el 30% de las promociones a vivienda protegida paralizará proyectos e inversiones. El cambio legal se enmarca en un escudo social global ante la crisis y se suma a una situación de incremento de los costes de construcción y problemas para el cumplimiento de plazos por la falta de materia prima.
El proyecto de la ley deberá pasar después el trámite parlamentario. Aunque el texto final todavía no se ha divulgado el anuncio de diversas medidas causa intranquilidad en sectores afectados. El texto final se desconoce, aunque distintas voces del Gobierno de coalición han ido adelantando algunas medidas que inquietan al sector inmobiliario. Los puntos principales de la nueva ley son la definición de grandes propietarios a los dueños de 10 o más viviendas, la reserva del 30% de las promociones para Viviendas de Protección Oficial (VPO), un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías o la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
Sobre el asunto de la vivienda de protección oficial, el secretario general de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Daniel Cuervo, aseguró a la agencia Europa Press que prefiere ser “cauto”, ya que con los datos que se han difundido hasta ahora “es demasiado pronto para hacer un análisis”. Aún, así, reconoce que existe interés por “conocer el detalle del texto” para ver cómo concuerda con la normativa urbanística. Si esa decisión de destinar el 30% de las nuevas promociones a la VPO se mantiene, Cuervo estima que “afectaría a la viabilidad de los proyectos”. “Será muy difícil iniciar y comercializar un proyecto inmobiliario con esta medida, porque económicamente sufre una carga importante el 70% de las viviendas que no estén afectadas, tendría que sobrecargarse la parte de VPO y se incrementarían los precios”.
En términos similares se pronuncia el director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, que estima que esta medida “afectaría a la puesta en marcha de nuevos proyectos”, por su impacto tanto en el valor del suelo como con “todo el valor de la promoción, por la enorme dificultad de compaginar un 70% de vivienda libre con un 30% de vivienda protegida”. El secretario general de Asprima también admite que esa normativa les afectaría en “gran medida”, ya que muchas promociones se paralizarían, y sería “bastante trágico”, tanto para la construcción como para la actividad económica y el empleo.
Un apunte similar al del director nacional de Residencial y Suelo de la consultora inmobiliaria CBRE, Samuel Población, que no descarta una retracción de la inversión extranjera en el inmobiliario español por la “inseguridad” que pueden generar estas medidas. “Puede afectar a planes de negocio a varios años donde los inversores no ven con buenos ojos que cambien las reglas del juego en mitad del partido”, señala Población en un comunicado. Esa cesión del 30% de todas las promociones para VPO contempla, además, que la mitad de ese porcentaje se destine a alquiler social.
Esta medida genera, de nuevo, interrogantes en el sector inmobiliario, sobre todo en lo referente a las promociones de lujo o a las ubicadas en barrios y zonas residenciales con rentas per cápita más elevadas. “Creemos que esta medida imposibilitará la construcción de un gran número de nuevas promociones. En el caso concreto de las promociones de lujo, la incidencia de la medida será aún mayor, puesto que las características del producto, las necesidades de los futuros compradores y los perfiles de clientes del segmento lujo y de la vivienda social resultan difícilmente compaginables”, recalca el director ejecutivo de Colliers en respuesta Europa Press.
El proyecto de la ley de Vivienda también plantea ofrecer incentivos fiscales en el IRPF a los pequeños propietarios que congelen o bajen el precio del alquiler al inquilino a la hora de renovar el contrato de arrendamiento, incentivos que pueden llegar hasta el 90%. Asimismo, el texto contempla reducir en más de la mitad las bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades que perciben las denominadas Entidades de Alquiler de Vivienda, que pasarán del 85% actual al 40% que estipula la nueva normativa.