Después de haber sido uno de los ámbitos de la economía más señalados por sus malas prácticas, las entidades del sector financiero progresan en la adopción de medidas de control interno y prevención de delitos (o compliance penal).

Tal y como pone de manifiesto un estudio de la consultora norteamericana Duff & Phelps, el 73% de dichas entidades ha implantado un canal de denuncias. Una cifra que admite dos lecturas. Por un lado, la más optimista es que tres de cada cuatro organizaciones cuentan ya con un whistleblowing program, un elemento fundamental para detectar irregularidades. La más pesimista, en cambio, es que, a pesar de todo lo sucedido, aún hay un 27% que se resiste a crear esta herramienta.

El propio informe parece acogerse a la segunda tesis al destacar que, a pesar de que solo el 73% de los consultados lo tiene implantado, son más, el 86%, los que opinan que los canales de denuncia deberían ser obligatorios por ley. «Claramente queda trabajo por hacer», remarca el documento.

Asimismo, una gran mayoría de las entidades del sector financiero encuestadas (el 92%) se muestran partidarias de que los organismos reguladores cuenten también con estas herramientas, y dos de cada tres respaldan que se recompense a quienes denuncian irregularidades.

En el ámbito anglosajón, la SEC (Securities and Exchange Comission), organismo supervisor de valores de Estados Unidos, premia con hasta un 30% de la multa impuesta a la empresa a quien alerta de las conductas fraudulentas o delictivas. En España y en otros países europeos, en cambio, prima una visión más moralista de la denuncia y se considera un deber de quien presencia o tiene conocimiento de un delito que se vería pervertido si se hace a cambio de una recompensa económica

El informe, que recoge la experiencia de 183 entidades bancarias, fondos de inversión y sociedades de gestión de activos, también revela cierta preocupación sobre la efectividad de las medidas contra el blanqueo de capitales. «Una guerra que no se está cerca de ganar o, ni siquiera, empatar», asevera. El problema, según señala el documento, no es de recursos, sino de falta de coordinación entre las legislaciones y las políticas adoptadas por las organizaciones, lo que produce «brechas y vulnerabilidades» que son explotadas por los criminales.

En relación a este punto, el 57% de las entidades financieras considera necesario mejorar el intercambio de información entre los organismos reguladores y el sector, y el 52% pide una mejor coordinación regulatoria entre las distintas jurisdicciones. Los que consideran que se destinan pocos recursos, en cambio, son solo dos de cada diez consultados.