Los ministros de Empleo de los gobiernos de la UE intentarán cerrar un acuerdo este lunes sobre nuevas normas laborales para trabajadores desplazados, que buscan frenar el ‘dumping’ social dentro del bloque comunitario, a pesar de la división que todavía existe entre las capitales al respecto.
El objetivo de los ministros es consensuar una posición común de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo, que también debe fijar sus líneas rojas sobre la reforma de la directiva que regula los derechos de aquellos trabajadores que son desplazados por su empresa a otro país del bloque comunitario para prestar un servicio durante un tiempo determinado.
La Comisión Europea presentó una propuesta en marzo de 2016 para igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores desplazados a las que tienen los empleados locales. La normativa vigente sólo exige que los desplazados cobren el salario mínimo del país de acogida.
El enfoque de Bruselas tiene el apoyo de socios como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica o Austria. Pero al mismo tiempo, ha sido muy criticado por una decena de países, principalmente del este (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía), pero también por otros como España, Portugal o Irlanda.
El debate sobre la revisión de la directiva ha alcanzado durante los últimos meses las esferas políticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, realizó una gira este verano por los países del este del bloque comunitario para intentar convencer a sus gobiernos. La cuestión también formó parte de la reunión que Macron y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron el pasado jueves en los márgenes de la cumbre europea.
España no está en condiciones de apoyar la propuesta del Ejecutivo comunitario si no es modificada, según han señalado fuentes diplomáticas. El principal obstáculo concierne al sector del transporte por carretera y el cabotaje.
La Comisión Europea quiere incluir a este sector dentro de las normas generales para trabajadores desplazados, mientras que la delegación española reclama que la naturaleza de esta actividad «no justifica ni aconseja que se apliquen sin más» las reglas de trabajadores desplazados.
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