La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone establecer un sistema de renta mínima a nivel estatal que sea compatible con salarios bajos para no desincentivar la participación en el mercado laboral. La propuesta del organismo dirigido por José Luis Escrivá vendría a mejorar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos CC OO y UGT ante el Parlamento hace más de dos años, ya que permitiría reducir más profundamente la pobreza extrema con un gasto más eficiente.

En efecto, según detalla un informe de la Airef presentado este miércoles, uno de sus diseños permitiría reducir la pobreza severa hasta en un 60% (frente al 27% de la ILP), beneficiar a 1,8 millones de hogares (700.000 más que en la medida de los sindicatos), y con un gasto para las arcas públicas de 5.500 millones de euros (contra los 7.200 millones de la ILP). El organismo añade, además, que, de suprimirse las duplicidades con otras ayudas similares de carácter autonómico y local, el gasto podría reducirse hasta los 3.500 millones de euros. Matiza, no obstante, que para que no hubiera perdedores, las duplicidades no se podrían eliminar por completo, sino solo en un 70-80%.

España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, con la tasa más alta de pobreza severa: del 6,9% frente al 3,5% de la UE, razón por la que los organismos comunitarios han venido recomendado al Gobierno tomar cartas en el asunto. Según el informe de la Airef, el sistema de ingresos mínimos recogido en la ILP podría reducir ese nivel hasta el 5% (todavía por encima de la media comunitaria), mientras que su propuesta lo haría hasta el 2,7%. Se entiende por pobreza severa la que afecta a las personas con una renta un 30% por debajo de la mediana de ingresos disponibles del país, lo que en este caso equivaldría a ganar menos de 355 euros al mes por individuo o 746 euros para un hogar de dos adultos y dos niños (con datos de 2017).

Para focalizarse en reducir la pobreza extrema, la Airef sostiene que uno de los requisitos fundamentales sería tener en cuenta la renta por hogar (en lugar de por individuo) y establecer tramos por renta (para evitar que se perciba o toda la prestación o ninguna). También defiende eliminar la condición de ser parado de larga duración o estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de tal forma que la ayuda fuera compatible con el empleo hasta un cierto umbral de sueldo. Un modelo que ya se ha demostrado efectivo en el País Vasco y que permitiría reducir los posibles desincentivos a participar en el mercado laboral y evitaría alterar las cifras de desempleo, ya que los beneficiarios no tendrían que inscribirse como parados para poder percibir la ayuda.

Además, el organismo cree que sería necesario complementar estar ayudas con otro tipo de políticas sociales y de empleo en función del perfil del beneficiario, y que se debería condicionar las ayudas a la inscripción en la Agencia Tributaria, tanto para agilizar los trámites como para atajar posibles riesgos de fraude.