La Comisión Europea ha evaluado ya los planes de energía y clima elaborados por los 28 estados miembros en los que estos plantean sus medidas de descarbonización hasta 2030. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, y el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, presentaron ayer los análisis de los planes de cada país y, en general, los considera insuficientes. Cada país debe seguir las recomendaciones de Bruselas y presentar un documento definitivo antes de fin de año.

En el caso de España, que se sitúa entre los países con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y eficiencia energética, junto con Dinamarca, Estonia, Lituania y Portugal, le pide detalles sobre las medidas a aplicar para lograr dichos objetivos. España aspira a liberarse de las emisiones netas de CO2 en 2050.

Bruselas recomienda al Gobierno “apoyar el gratificante nivel de ambición del 42% con políticas y medidas detalladas y cuantificadas”. También sugiere a España establecer objetivos intermedios para 2022 y 2027, además del existente para 2025, y “facilitar información detallada sobre medidas destinadas a reducir la carga administrativa y sobre los marcos que faciliten el autoconsumo”.

En cuanto a la eficiencia energética, el Ejecutivo comunitario sitúa a España entre los pocos países del bloque que han planteado una contribución “suficiente”, junto con Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Francia. Pero pide a España que estudie más a fondo medidas para alcanzar los objetivos de ahorro energético y tener “debidamente en cuenta los desafíos que supone un salto tan significativo”. En cuanto a seguridad energética, pide medidas de apoyo para lograr los objetivos de diversificación de las fuentes y reducción de la dependencia.

También pide información sobre los planes del Gobierno para abandonar progresivamente la energía nuclear y le sugiere que defina objetivos sobre la integración del mercado y, en concreto, adopte medidas “para afrontar la evolución previsible de los déficits arancelarios en los sectores de la electricidad y gas”. Y reclama una estrategia para avanzar en la aplicación de precios “basados en el mercado”.