Tras una década de esfuerzo, España saldrá finalmente este mes del brazo corrector de la UE, aunque Bruselas seguirá vigilando muy de cerca el cumplimiento del ajuste estructural de las cuentas públicas, enfocado a la reducción del déficit y de la abultada deuda. Este miércoles, la Comisión Europea pidió formalmente cerrar el procedimiento de déficit excesivo en el que se encontraba España desde 2009, tras haber conseguido reducir el desvío fiscal del 11% del PIB de entonces al 2,5% el año pasado, medio punto por debajo del umbral máximo establecido por la UE.
Aun así, advierte de que existe “un riesgo de desviación significativa” de las cuentas de Pedro Sánchez, por lo que pide un ajuste estructural del 0,65% del PIB –equivalente a cerca de 8.000 millones de euros– para este año y el siguiente.
El Ejecutivo comunitario quiso felicitar a España y reconocerle el “largo y duro camino” emprendido en la última década que, a su juicio, ha dado sus frutos. España era el último país de la UE todavía sujeto a una vigilancia exhaustiva de sus cuentas por déficit excesivo, un proceso por el que pasaron la mayoría de Estados miembros durante la crisis.
La decisión deberá ser confirmada el próximo viernes 14 de junio en la reunión que mantendrán los ministros de Economía y Finanzas de la UE. La responsable en funciones de la cartera económica, Nadia Calviño, se mostró “satisfecha” con la decisión de la Comisión y confió en poder reducir este año el déficit al 2%, aunque Bruselas ya apuntó a inicios de mayo que prevé un desvío fiscal del 2,3% del PIB, en parte por el gasto incurrido en los viernes sociales, cuando se aprobaron los decretos de subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, o la ampliación del permiso de paternidad.
A pesar de que el Ejecutivo de la UE considera “verosímiles” las previsiones presupuestarias que le envió hace un mes el Ministerio de Economía, advierte de que existe un riesgo significativo de incumplimiento del déficit porque duda de las previsiones de ingresos del Gobierno. Y es que no solo ve “riesgos” en la capacidad recaudatoria de las arcas españolas, sino especialmente en la viabilidad de adoptar la batería de medidas fiscales de las que dependen esos ingresos suplementarios, como la subida del IRPF a las rentas más altas o la imposición de un tipo mínimo de Sociedades, así como la adopción de la tasa Google o la tasa Tobin. Aunque lo ve difícil, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no descartó ayer volver a presentar los presupuestos de 2019, después de que ya fueran tumbados en febrero.
Para limitar el desvío de las cuentas públicas, la Comisión recomendó que el gasto público neto no crezca más de un 0,6% este año, para lo que reclamó un ajuste del 0,65% del PIB, lo que supone casi 8.000 millones de euros. Asimismo, llamó a destinar todos los “ingresos extraordinarios” a la reducción de la elevada deuda pública, que el Gobierno prevé que cierre en el 95,8% del PIB este año y en el 94% en 2020.
Además del importante endeudamiento, la Comisión instó al Gobierno a corregir otro de los “desequilibrios” que hacen más “vulnerable” a España: la precariedad del mercado laboral, que suma una elevada tasa de desempleo –de casi el 14%–, y “un muy alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario, empleo temporal y trabajadores pobres”, que “impide que la productividad aumente más rápido” y obstaculiza el crecimiento y la cohesión social.
También volvió a poner el foco sobre el sistema de pensiones, al señalar que el alza de las prestaciones –tras su vinculación al IPC–, así como el aplazamiento hasta 2023 del factor de sostenibilidad –para ajustar el importe al aumento de la esperanza de vida–, requerirán de “medidas compensatorias”, ya sea del lado de los ingresos o del gasto, para asegurar su viabilidad a largo plazo. Además, añadió que la recuperación de la prestación por desempleo a los mayores de 52 años podría desincentivar a los trabajadores en esa franja de edad.