Al Tribunal de Cuentas no le gusta que el déficit de la Seguridad Social se cubra con créditos, como ha sucedido en 2017 y 2018. “Dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”, apunta. Por eso, el órgano fiscalizador del dinero público reclama que la diferencia entre gastos e ingresos del sistema de pensiones se cubra con “transferencias corrientes” y “no con nuevos préstamos”, según aparece en la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017.

Hasta hace dos años, el desfase entre lo que se recaudaba por cotizaciones y lo que se desembolsaba en pagar pensiones contributivas se cubría con dinero ahorrado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ese año los presupuestos generales del Estado recogieron un préstamo de 10.192 millones, que subió hasta 13.830 millones en 2018. Si se hubiera continuado echando mano solo de los ahorros acumulados antes de la crisis, la hucha de las pensiones ya estaría vacía. Así que el Gobierno, entonces del Partido Popular, optó por financiar el déficit con créditos de la Administración General del Estado a la Seguridad Social.

Esta decisión es la que critica el Tribunal de Cuentas, que, en cambio, reclama que los números rojos se sigan sufragando con dinero procedente de la Administración central, pero que no sean préstamos. Lo que pide este organismo es que sean “transferencias corrientes”. La solución que da el Tribunal sería provisional, ya que pide otra definitiva: “Resulta necesario promover y llevar a cabo las reformas que sean precisas para resolver […]. Esto podría abordarse, en su caso, en el marco denominado Pacto de Toledo”.

Dos meses antes de las elecciones generales del 28 de abril, en ese “marco” estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo sobre unos principios que preveían unas soluciones paulatinas en la misma línea que señala el Tribunal de Cuentas: se proponía una transferencia que iría creciendo progresivamente hasta que en 2025 cubriera todo el déficit.