El Gobierno quiere coordinarse con las comunidades para crear un grupo en el que se tratarán estas materias a fin de mejorar el clima de negocios, compartir experiencias y adaptar las mejores prácticas. Según explicaban entonces los propios autores de la ley, cuando hace cinco años se aprobó la garantía de unidad de mercado, en realidad se pretendía lo mismo que se hace en el mercado común europeo: que una licencia que se concede en una autonomía valga para todo el territorio nacional y no tenga que ser validada en otras 16 comunidades, lo que se convierte en un auténtico periplo burocrático para las empresas. Siempre se citaba que una máquina tragaperras necesitaba hasta 17 licencias en una suerte de proteccionismo autonómico.

Sin embargo, el problema de la unidad de mercado ha acabado siendo su nombre. La idea ha despertado muchos recelos entre las comunidades y también en los tribunales. Varias sentencias del Constitucional anularon el principio de licencia única y el de reconocimiento mutuo de normas —este último consiste en que si una empresa se ceñía a la normativa de una comunidad en principio también la cumplía en otra—. En estos momentos la ley ha quedado tocada y solo se mantienen los principios de no discriminación, de simplificación y los de necesidad y proporcionalidad en los requisitos exigibles.

Algunos expertos indican que los dictámenes del Constitucional no aguantarían el escrutinio del Tribunal de Luxemburgo. Solo que para que este asunto llegue a semejante instancia europea tiene que haber una reclamación de un particular que entre como una cuestión prejudicial. Ante este panorama, Bruselas ha exigido a España en sus recomendaciones de julio de 2018 que tome medidas para reforzar la unidad de mercado. Otros años también ha insistido en que se mejore la normativa que se aplica a las empresas, sobre todo aquella que impide que ganen tamaño.

En su informe anual sobre España, la Comisión Europea dice: “La ley de garantía de la unidad de mercado lleva cinco años en vigor y, si bien se está aplicando, sus efectos siguen siendo limitados. La falta de una cooperación sólida entre todos los niveles de la Administración en lo que se refiere a la garantía de unidad de mercado se ha traducido de momento en unos resultados tangibles escasos. No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial ni las que afectan a los servicios profesionales, aspectos que habían sido objeto de recomendaciones en años anteriores”.

En su plan nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”, subrayan fuentes de la Administración.

En la legislación de unidad de mercado ya estaba prevista una conferencia de comunidades. Ahora se ha cambiado el nombre: la nueva conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios “se ocupará de preservar y mejorar el clima inversor en el país, y favorecerá la aplicación de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, promoviendo la mejora regulatoria y la adopción de las mejores prácticas en ámbitos como, por ejemplo, la tramitación de autorizaciones y licencias de actividad, sin merma de la autonomía de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, señala el plan de reformas remitido a Bruselas.