El Gobierno ha decidido presionar a las empresas extranjeras que trabajan de forma fraudulenta en España con los empleados que contratan en su país. Especialmente en el transporte por carretera. Son las denominadas empresas buzón cuyas características fundamentales son las siguientes, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: “Se trata de sociedades sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea”.

Es en estos países donde prestan sus servicios realmente. “Utilizan de forma fraudulenta los desplazamientos transnacionales [de trabajadores] para eludir las normas que resultan de aplicación y abaratar los costes salariales, tributarios y de Seguridad Social, con los graves perjuicios que ocasionan tales prácticas”.

Como consecuencia de ello, estas empresas compiten de forma fraudulenta con las compañías del país en el que actúan los trabajadores de las “sociedades buzón”. Estas empresas están especialmente extendidas en el sector del transporte por carretera y, fundamentalmente, proceden del Este de la Unión Europea. Sobre todo, de Bulgaria y Rumanía.

De hecho, la Inspección de Transporte ha detectado veinte empresas ilegales en el sector y otras 45 compañías cargadoras de mercancía. Sin embargo, y aunque no todas trabajan en España de forma irregular, la patronal más grande de los autónomos del sector, Fenadismer, ha informado al Gobierno de que empresas del Este controlan un 27% de la exportación española por carretera, y un 25% de la importación; casi una tercera parte del transporte por carretera español.

Un hecho que, en su opinión, “está afectando muy negativamente al actual tejido empresarial español”. Los empresarios sostienen que en el caso de las flotas rumanas y búlgaras “registran crecimientos superiores al 50% anual”. “Algunas de las que trabajan de forma irregular tienen la desvergüenza de tener la cabeza tractora del camión con la matrícula de su país y el semirremolque, con la placa española”, explica a Juan José Gil, secretario general de Fenadismer. “España es de los pocos países de la UE que obliga a poner la matrícula al semirremolque”. O, dicho de otra manera, el camión y su conductor son los que proceden del Este, y hacen la competencia desleal con costes mucho más bajos, mientras la mercancía es española.

Por esta razón, Fenadismer quiere que el Gobierno aumente el control sobre estas empresas aprovechando el traslado a la legislación española de una directiva comunitaria sobre el desplazamiento de trabajadores. Por todas estas razones también, las inspecciones de Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y de Transporte, con la colaboración de la Agencia Tributaria, consideran “imprescindible” la siguiente estrategia: emprender acciones comunes, y con prioridad, contra aquellas empresas que “incurran en comportamientos que inflijan la normativa del orden social”.

Así, el empresario que desplace trabajadores a España, para una prestación de servicios transnacionales, deberá comunicar el viaje a la autoridad laboral española, antes de su inicio, y con independencia de su duración. La empresa también deberá informar a la comunidad autónoma en la que vaya a prestar sus servicios.