Presenten o no papeles desde el Gobierno en la reunión de hoy, los responsables de Seguridad Social sí han mantenido durante las últimas semanas algunos contactos bilaterales para sondear a patronal y sindicatos sobre esta reforma, según indican distintas fuentes de la negociación. Y, en cualquier caso, la recta final de estas negociaciones se prevé vertiginosa porque apenas tienen un mes para cerrar cuestiones muy trascendentes para la reforma a medio y largo plazo de las pensiones futuras de millones de trabajadores. Escrivá se ha comprometido con Bruselas a tener esta reforma, a ser posible consensuada, antes del 31 de diciembre y no cesa de asegurar que el Ejecutivo cumplirá con este compromiso. De este cumplimiento depende un nuevo desembolso de fondos europeos.

Esta segunda fase de la reforma incluye tres grandes cambios relacionados entre sí, ya que tienen que ver con el diseño del sistema; tanto con la fórmula en la que se calculan las pensiones como con el esquema de ingresos y gastos. Estos son los principales cambios en liza: Escrivá quiere plantear una ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Actualmente son los últimos 25 años y el ministro se ha comprometido también con Bruselas a elevar este periodo, algo a lo que es contrario sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y los sindicatos, porque cualquier ampliación indiscriminada, sin excepciones, supondría un recorte de las futuras pensiones.

De hecho, según el Banco de España, el último aumento de 15 a 25 años, -acometido entre 2011 y 2022- ha supuesto un recorte de la cuantía de las pensiones de alrededor del 5%. Por ello, el ministro ha explicado en reiteradas ocasiones que su intención es combinar este aumento del periodo de cómputo de la pensión con un posible descarte de algunos años con peores cotizaciones y una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización.

El diseño final de estos tres elementos es el que está por determinar en el poco tiempo del que disponen los negociadores. Y el objetivo final sería, sobre todo, beneficiar a los trabajadores que han sido expulsados del mercado en los últimos años de su vida laboral -que según el Ministerio son aproximadamente un tercio de los futuros jubilados- sin perjudicar al resto, con carreras ascendentes de cotización.

Una posibilidad, que no ha sido desdeñada por la Seguridad Social, es la planteada por el Banco de España que ha calculado que el diseño más neutro, en términos de impacto sobre la cuantía de la pensión y el gasto sería, elevar a 35 años el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y descartar los seis peores años de cotización.

Entre las medidas para aumentar los ingresos y contener el gasto está la eliminación progresiva de los topes de las bases máximas y, en menor medida, también de las pensiones máximas. Escrivá ya ha anunciado su intención de elevar estas bases en un 30% aproximadamente en un periodo de 30 años. Para ello ha anunciado que las bases subirán cada año lo mismo que el IPC, más una cantidad a determinar en esta fase de las negociaciones, pero podría estar en torno al 1%, ha precisado el ministro. También el porcentaje de la correspondiente subida de pensiones máximas está por decidir.

Según los distintos cálculos de los negociadores, en la actualidad existen alrededor de 30.000 millones de euros en retribuciones salariales que no cotizan a la Seguridad Social, por lo que someterlas progresivamente a esta cotización supondría unos ingresos de unos 7.000 millones de euros más para el sistema.

El ministro también está en discusiones con Bruselas para hacer el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) totalmente automático, en lugar de la semiautomaticidad actual. Para ello, Escrivá ya habría aceptado prolongar hasta 2050 la sobrecotización del 0,6% para nutrir el fondo de reserva y costear las pensiones del baby boom, según fuentes de la negociación. Ahora quedaría acordar algún tipo de ajuste también automático sobre el gasto, algo a lo que Escrivá es reticente.