Igual que ocurre en 2022 desde el mes de julio, cuando el Gobierno elevó estas prestaciones dentro de uno de los paquetes de medidas de recuperación contra la subida de la inflación. El Gobierno pactó ayer con EHBildu, entre otros puntos, mantener el incremento del 15% para el próximo año, dentro del acuerdo para conseguir el apoyo de la formación independentista vasca a los Presupuestos Generales del Estado. Con este respaldo, el Ejecutivo obtiene los escaños suficientes para que el Congreso apruebe las cuentas del próximo año, antes de pasar al Senado. EHBildu también arrancó al Ejecutivo la prórroga de la limitación al 2% de la subida de los alquileres para el próximo año.

Por lo tanto, en lo que se refiere a las pensiones no contributivas, el incremento del 15% casi duplica el aumento inicial del 8,5% que el Gobierno había previsto para el conjunto de las prestaciones en 2023: contributivas, que abona la Seguridad Social, y no contributivas, que paga el Imserso, salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen el pago, pero no su régimen económico.

El coste adicional de la revalorización de las pensiones no contributivas subirá el próximo año por encima de los 400 millones de euros. Es decir, una cifra muy superior a los 224,10 millones de euros, que contiene la memoria económica del Real Decreto de Revalorización de las pensiones para el próximo año, que está preparando el Gobierno.

La medida beneficia a 450.000 personas, con una subida media aproximada de 72 euros al mes. Claro que es obvio que, en 2023, aumentará el número de perceptores. Por lo tanto, la pensión no contributiva de jubilación pasará de 484 a 556 euros mensuales. La misma cuantía que la renta de invalidez. Es decir, en ambos casos, por catorce pagas, serán 7.800 euros anuales.

Si en un mismo hogar viven dos perceptores de una pensión no contributiva, entonces, cada uno de ellos tendrá la siguiente mejora en su renta. Pasará de cobrar 411 a 472 euros mensuales. Por catorce pagas, serán 6.617 euros al año.

No obstante, la subida en un 15% de estas pensiones obliga al Gobierno a subir la misma cuantía del Ingreso Mínimo Vital. Desde el principio el IMV se ha igualado a la anterior prestación. Por lo tanto, el gasto adicional por la subida del IMV en un 15% superará también los 400 millones de euros, para beneficiar, como mínimo, a más de medio millón de personas que lo perciben ahora.