La Comisión Europea ha hecho pública su valoración respecto al borrador de los Presupuestos Generales presentado por España. Un análisis en el que ha dado su visto bueno, en términos generales a su planteamiento, pero en el que ha dado un toque al Gobierno respecto a las medidas para atajar la crisis energética. Un mensaje para España en el que Bruselas recalca que estas medidas deben ir dirigidas a los colectivos más vulnerables y que, de mantenerse tal y como están, podrían aumentar el gasto, el déficit y la deuda del país.

"La mayoría de las medidas no parecen específicas para los hogares y empresas vulnerables y no preservan por completo la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética", critica el Ejecutivo comunitario en su documento. En este marco, Bruselas ha avisado a España que una prórroga de las medidas de emergencia puestas en marcha podría "contribuir a un mayor crecimiento del gasto corriente" y a un aumento del déficit y la deuda públicos proyectados para 2023.

El borrador presupuestario que se aprobará esta semana en el Congreso de los Diputados cumple con la recomendación de limitar el gasto público y se adapta a las orientaciones comunitarias, algo que aplaude Bruselas. No obstante, y con el objetivo de no distorsionar más aún las finanzas públicas, el Ejecutivo comunitario pidió que las políticas desplegadas para combatir la crisis energética se focalicen en los hogares más vulnerables y empresas más expuestas y sean retiradas cuando disminuya la presión inflacionista.

No hacerlo "contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente neto" y a un "incremento del déficit y la deuda previstos para 2023". Cabe recordar que España avisó al Ejecutivo que existe la posibilidad de que varias de las medidas anticrisis se prorroguen durante 2023. Hasta ahora, según cálculos de Bruselas, el coste estimado de las medidas anticrisis en España -de las que se beneficia el conjunto de la población- alcanza el 1,6% del PIB. Según la Comisión, focalizar estas políticas rebajaría la factura al 0,5% del PIB, lo que sería deseable para potenciar la senda de reducción del déficit.

Las advertencias de Bruselas giran en torno a las proyecciones de otoño presentadas hace dos semanas. En ellas, preveía que el déficit público del país cerrase 2022 en el 4,6% del PIB para bajar al 4,3% y al 3,6% en los años siguientes. La deuda pública, por su parte, rondaría el 114% del PIB en 2022 y el 112% del PIB en 2023 y 2024. Todo ello con un aumento del PIB del 4,5% este año y del 1% y el 2% en 2023 y 2024.

En su análisis sobre el borrador presupuestario, Bruselas también destacó que España prevé realizar inversiones públicas en la transición digital y ecológica y en seguridad energética haciendo uso de los fondos europeos, pero también preservando las inversiones financiadas a cargo del presupuesto nacional. Esta era una de las directrices recibidas la pasada primavera por parte de la Comisión.

Más allá de la luz verde general a los borradores presupuestarios, la jornada también dejó un aviso específico a 17 países por los desequilibrios macroeconómicos encontrados, que la Comisión vigilará "en profundidad" durante los próximos meses. España es uno de ellos. El resto son Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Eslovaquia.

Sobre España, explica Bruselas, la economía continuó expandiéndose en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la guerra en Ucrania, "pero se espera una rápida desaceleración en 2023 en medio de altas incertidumbres con riesgos sesgados a la baja". El balance general en 2022 ha mejorado, ayudado por un sólido desempeño de los ingresos, "pero el alto déficit subyacente y el elevado nivel de deuda siguen siendo una fuente de vulnerabilidad".

El sector bancario se ha mantenido resistente, "ya que no se han materializado los posibles efectos negativos tras la expiración de las medidas de apoyo público implementadas durante el período de la pandemia". Sin embargo, continúa la Comisión, los efectos de segunda ronda derivados del aumento de los precios de la energía y las tasas de interés requieren una estrecha supervisión.

Bruselas también avisa de que persisten los "riesgos para la sostenibilidad fiscal" de España a medio y largo plazo, "en parte debido a los costes del envejecimiento de la población" y a pesar de que tanto la deuda como el déficit público se encuentran en una lenta pero sostenida senda a la baja.

También sigue siendo débil el mercado laboral español a pesar de las "destacadas mejoras". La Comisión subraya que "la tasa de desempleo bajó sustancialmente durante la última década, pero sigue estando entre las más altas de la UE". Dentro de este capítulo, como viene siendo habitual, Bruselas pone el acento en el paro juvenil y de larga duración.

En paralelo, con respecto a la competitividad de la economía española, el informe de desequilibrios indica que los costes laborales unitarios aumentaron "levemente" en 2021 "y se espera que crezcan más con el incremento de la inflación. Pese a ello, el documento apunta que las dudas relacionadas con los costes de competitividad siguen siendo "limitadas". Sí que genera más preocupación la posición neta de inversión internacional de la economía española, que sigue siendo negativa.