Proyectos del Perte del vehículo eléctrico están en el aire ante la dificultad de algunas de las empresas adjudicatarias, esencialmente pymes, para levantar los avales por el 100% de las subvenciones recibidas. Un requisito que CEOE y la Asociación Española de la Banca (AEB) ven como barrera para la ejecución de los fondos europeos y que tratan de que se rebaje a la mitad en conversaciones con el Ministerio de Economía.

Ambos colectivos empresariales remitieron el pasado viernes una carta al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la que describen las dificultades de empresas y entidades de crédito para cumplir con los requerimientos del referido Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) del vehículo eléctrico. La petición empresarial central es la minoración del nivel de avales precisos hasta el 50% de los fondos propios de las empresas solicitantes o al 50% del montante de los fondos obtenidos, la opción que sea menos lesiva para las empresas. Con ello, se allanaría el camino a la puesta en marcha de los proyectos.

Desde la patronal se presiona para que esta solución de urgencia para el Perte dirigido a la automoción se extienda al resto, con pymes esperando este tipo de medida por ejemplo en el Perte agroalimentario. De hecho, Economía estaría analizando ya suavizar exigencias en próximas convocatorias.

El capítulo de los avales que garanticen la ejecución de los conocidos como proyectos primarios fue decisión del Gobierno español, no imposición europea, se defiende desde CEOE, y está recogida en la orden de bases que regula el reparto de los fondos europeos. Antes de la buscada modificación de la misma, el Ministerio de Industria ha ampliado una semana el plazo de presentación de avales para proyectos del Perte del vehículo eléctrico, hasta el viernes 25 de noviembre.

Con ello, las empresas participantes en el proyecto D-Hub, que lideran QEV Technologies y BTech para reindustrializar la antigua Nissan Barcelona, tendrán mayor margen para negociar con la banca. Y, más importante, se daría tiempo para una eventual revisión a la baja de la petición de avales. Fuentes de CEOE confían en la sensibilidad del Ejecutivo.

El citado consorcio de empresas, al que corresponden 107,8 millones del Perte (sobre los 877 millones repartidos entre diez proyectos), vio rechazado un aval por 40 millones prestado por el Institut Català de Finances (ICF) por tratarse de una entidad pública y verse en Bruselas como una ayuda de Estado.

Otro escollo puesto de manifiesto por CEOE y la AEB es la solidaridad de los avales. Es decir, si una de las empresas incumple los hitos marcados en su proyecto, la Administración podría ejecutar los avales de todos los integrantes del consorcio. "Debemos tener en cuenta que las empresas que participan en los consorcios son de muy diferente tamaño, calidad crediticia y asumen distintas responsabilidades y distintas cantidades de inversión. Por ello, en la práctica, esto supone que cada avalista estaría asumiendo el riesgo de incumplimiento del conjunto de las compañías y proyectos del Proyecto Tractor y no solo del que avala.