La primera jornada de paro de los transportistas de mercancías, convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, ha tenido más carga simbólica que efectividad. Centenares de profesionales se han manifestado en Madrid pidiendo que se cumpla la nueva Ley de Cadena del Transporte, por la que se prohíbe el trabajo a pérdidas o la participación de los conductores en tareas de carga y descarga. Desde el Ministerio de Transportes se habla de reivindicaciones ya superadas y de la existencia de canales para denunciar posibles abusos por parte de los cargadores.
De momento no hay recepción a la vista en el Ministerio a los responsables de la Plataforma, y las grandes asociaciones rechazan el paro en un marco de negociación con el Gobierno sobre la prórroga de ayudas directas como es la del descuento en el litro de combustible. También se ultiman refuerzos a la inspección del transporte.
La escasa incidencia de la movilización, esperada desde que las grandes asociaciones se negaran secundarla la semana pasada, ha reforzado la vía del diálogo del Gobierno con el órgano de interlocución reglado: el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Salvo contados casos de sabotaje a camiones que estaban prestando servicio en Cantabria (se investiga la quema de vehículos en la localidad de Villaescusa), Asturias o Cuenca, el arranque de esta protesta por tiempo indefinido transcurrió sin incidencias, según han ido relatando asociaciones de transportistas como Astic o Fenadismer. Los accesos a puertos, centros de producción, nodos logísticos, puntos de descarga y pasos fronterizos estuvieron razonablemente despejados. Cerca de 50.000 efectivos de las fuerzas del orden estaban atentos a posibles acciones que buscaran colapsar infraestructuras o puntos como Mercamadrid, el puerto de Algeciras, Mercasevilla o la Zona Franca de Barcelona.
El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ha señalado que no es intención del colectivo realizar un paro largo, como el que tuvo lugar en marzo durante más de 20 días. Entonces se puso en jaque a la cadena de distribución. Después de situar a los transportistas como los grandes agraviados de la situación de paro, Hernández ha asegurado a los medios que la protesta no va contra los sectores productivos, pero también advierte que podrían presentarse unas "Navidades muy oscuras" si el Gobierno no hace que se cumpla la ley.