En última instancia, la convierte en una decisión política que puede adoptar incluso con el rechazo frontal del de patronal y sindicatos. Esta discrecionalidad afecta incluso a la independencia del grupo de expertos independientes que estos días se reúnen, convocados por el Gobierno, para determinar la subida para el próximo año. Un riesgo que ha quedado patente tras el episodio protagonizado por el Ministerio de Trabajo al hilo de tres informes sobre el efecto de la revalorización. Todos fueron financiados con dinero público, aunque solo se han filtrado parcialmente a algunos medios. 

Dos de ellos tenían como objetivo contrarrestar un tercero que advierte del impacto a medio plazo del empleo de las subidas. Se da la circunstancia de que la responsable de este documento es Sara de la Rica, miembro del comité de expertos. En términos acumulados desde 2017, España ya es el segundo país que más ha incrementado este indicador en la UE y el Gobierno ha dejado claro que quiere seguir ese camino en el próximo año. 

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, justifica la negativa a reformar la Ley que rige el SMI porque permite contar tanto con el diálogo social como con el "expertise" del resto de departamentos ministeriales, aunque al final la decisión corresponde solo a estos últimos. "No requiere una reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores", insiste el número dos de Yolanda Díaz, Dicho apartado establece que el Gobierno decidirá sobre el salario mínimo "previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas".

Pero esto no equivale a una negociación sobre una decisión que, tal y como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años, es de "naturaleza política". Con ello, el Gobierno de turno mantiene la última palaba sobre el SMI, como ha ocurrido en las subidas de 2021 y 2022, que salieron adelante solo con un acuerdo parcial con los sindicatos. Algo que, previsiblemente, se repetirá en 2023.

Además, le permite convertir el SMI en moneda de cambio en sus negociaciones presupuestarias con otros partidos, como ocurrió con el acuerdo entre PP y PSOE para subirlo un 8% en 2017, y en 2019 cuando PSOE y Podemos acordaron elevarlo un 22,3%. Aunque sea a expertos costa de ignorar acuerdos anteriores con los sindicatos y la patronal.

Esta arbitrariedad es una de las situaciones que aspira a corregir la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Bruselas exige garantizar la "participación efectiva" de los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo legal, en particular en lo que se refiere a la "definición de los criterios de fijación y actualización", las variaciones y deducciones, la "participación en los órganos consultivos" y la "contribución a la recogida de datos". Un papel mucho más activo que el que mantiene hasta ahora.

Aunque la normativa impulsada por el Ejecutivo comunitario no pide un acuerdo para subir el SMI, los criterios para establecer una cuantía deben ser acordados entre todos. Además, debe resultar ser transparentes tanto para los ciudadanos como para la Comisión Europea, que pedirá un informe cada dos años sobre los criterios que justifican las decisiones y su impacto.