Después de décadas en vigor, "la deuda pública sigue siendo tozudamente alta en algunos países. Los buenos tiempos a menudo no se han usado para preparar reservas, casi todos los países lo han violado alguna vez, y las reglas se han hecho demasiado complejas".

Lo que propone la Comisión Europea es sustituir la multitud de indicadores que hoy se utilizan para vigilar la trayectoria presupuestaria de los países por uno solo: el gasto primario neto. Este techo de gasto fijaría la senda plurianual de ajuste de cada país y se basaría en una trayectoria "realista" de reducción de la deuda, no como se ha hecho hasta ahora, con metas inalcanzables, subrayó por su parte el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

La cifra del gasto neto primario autorizado se fijará a partir de una propuesta inicial de la Comisión (cuanta más alta la deuda, más presión habrá para corregirla, asegura) pero corresponderá a cada Estado miembro diseñar su contenido, en lugar de imponer a todos el compromiso de reducir toda la deuda por encima del 60% a un ritmo de un veinteavo anual, un método que no ha servido a sus objetivos. "Esto es una ruptura radical respecto a la situación actual", subraya Drombrovskis.

Este cambio es una de las lecciones que la UE ha aprendido de la gestión económica de la pandemia, cuando se creó un fondo de recuperación condicionado a la aplicación de un plan de reformas previamente pactado. Si los gobiernos son los autores del plan, se sentirán más comprometidos con su cumplimiento, aducen.

En caso de querer más tiempo para llevar a cabo el ajuste, las capitales podrán negociar prórrogas a cambio de comprometerse a llevar a cabo reformas o inversiones en sectores estratégicos. En caso de un cambio de gobierno, el nuevo equipo podrá negociar una reorientación del plan. Pero hasta que se pongan de acuerdo sobre la nueva senda, se aplicará la vieja. La idea de que Bruselas ofrezca trajes a medida a cada país no gusta a países como Alemania o Países Bajos, por eso Dombrovskis y Gentiloni insistieron en que "en ningún caso esto va a ser una negociación a dos". Los planes nacionales acordados entre cada país y la Comisión deberán ser aprobados después por el Ecofin.

La contrapartida a esta flexibilidad es un control más estricto y un sistema de sanciones, pecuniarias y reputacionales, más potente que el actual porque la cuantía de las multas será "más realista", lo que hará que sea más fácil aplicarlas. Actualmente, se prevé un castigo de "hasta un 0,5% del PIB" por no seguir las recomendaciones presupuestarias de la UE, una fórmula que nunca se ha aplicado. "Hemos llegado a la conclusión de que el hecho de que se imponga una sanción es más importante que su importe, porque tiene un efecto reputacional", decía un alto funcionario comunitario.

La propuesta de la Comisión marca el comienzo de un debate que debería culminar antes de la reactivación del pacto de estabilidad. Al equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño le parece un buen punto de partida. "Es una propuesta equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés y sus principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país", afirman fuentes gubernamentales, que no descartan llegar a un acuerdo sobre el texto legal bajo presidencia española de la UE, en el segundo semestre del 2023.