En plena crisis energética el sistema eléctrico, habitualmente deficitario, obtuvo un superávit de casi 773 millones de euros en 2021, según la propuesta de liquidación definitiva de la CNMC correspondiente a ese año. La última liquidación de un ejercicio se aprueba en noviembre del siguiente. Frente a los déficits de 528 millones de euros en 2019 y 390 millones en 2020, el balance positivo del año pasado se explica por el un incremento del 51% de las aportaciones del Tesoro, hasta 3.997 millones de euros.

Ese superávit es el resultado de la diferencia entre unos ingresos del sistema de 16.306 millones de euros y unos costes de 15.533 millones en el año en que se desató la crisis de precios de la energía, que se agudizó a partir de febrero de este año tras la invasión rusa de Ucrania.

Los ingresos corresponden a los peajes de acceso a las redes y los denominados cargos. Los primeros son una tarifa regulada cuya revisión corresponde a la CNMC, mientras que los cargos son costes ajenos a la retribución de las redes, como las primas a las renovables, las compensaciones a los archipiélagos o el coste de la deuda eléctrica de las dos últimas décadas, que son potestad del Ministerio para la Transición Ecológica. Los ingresos por peajes y cargos proceden de las facturas de los 29 millones de consumidores eléctricos, de la llamada parte fija del recibo.

Además, y de ahí el superávit del año pasado, hay una partida correspondiente al impuesto del 7% a las ventas de cualquier tipo de generación, que el Estado recauda de las eléctricas y después devuelve al sistema (de ahí que se tarde tanto en liquidar, por la demora de Hacienda). Aunque este impuesto se eliminó en el marco del RDL de 24 de junio de 2021, con el inicio de la crisis energética el Estado se comprometió a mantener la aportación correspondiente de dicho tributo vía Presupuestos Generales del Estado. Posteriormente, en septiembre del año pasado se eliminó también el impuesto de la electricidad y se recortó de manera sustancial el IVA de la factura, del 21% al 10%, y posteriormente, al 5%.

La partida fiscal se ha disparado porque la previsión de recaudación para el año se hizo estimando un precio de 50 euros/MWh. Precio que, finalmente, escaló hasta una media de 112 euros/MWh. Otro tanto ocurrió con la recaudación por las subastas de derechos de emisión de CO2 y el canon hidráulico que el Tesoro destina en buena parte al sistema eléctrico. El total de estos ingresos públicos han pasado de 2.450 millones de euros en 2019 y 2.643 millones en 2020, a casi los 4.000 millones antes citados en 2021.

Estas aportaciones han compensado, por otro lado, la caída de los ingresos por peajes y cargos (más bien, por estos últimos), que han pasado de los 13.074 millones en 2020 a 11.547 millones en 2021. Y es que el Gobierno, para aliviar la factura, además de recortar los impuestos que la gravan, eliminó en un 96% los cargos en el último trimestre de 2021. Una cantidad que pretendía compensar con la polémica minoración de los beneficios llovidos del cielo de las eléctricas en el RDL 17, que fue corregido para dejar fuera al grueso de los contratos y que, por lo tanto, apenas ha tenido consecuencias recaudatorias, aunque sí ha tirado del precio del mercado mayorista hacia abajo.