La Comisión Europea ha presentado sus ideas para la revisión de la disciplina fiscal. Contempla reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete. Lo que no varía, sin embargo, es el tope del déficit público, que se mantiene en el 3%. La propuesta que debe ser analizada, debatida y aprobada definitivamente el próximo año y previsiblemente, según fuentes de Economía, durante el periodo de presidencia española, contempla un mayor abanico de sanciones, pero con una reducción de los importes, con el propósito de que sean medidas coercitivas más creíbles y efectivas que las vigentes hasta ahora y que no se hicieron efectivas pese a los incumplimientos.

Bruselas descartó que los nuevos objetivos que se propongan en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que estarán en relación con los niveles de deuda y déficit, vayan a suponer que cada país alcance acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea y el Estado miembro, sino que cada uno de los planes estructurales tendrán que ser respaldados por el Consejo. La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembro en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen, ya sea deuda baja, alta o media.

Los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada" mientras que aquellos con una deuda "baja" no tendrán la obligación de realizar ajustes. La tasa de deuda pública en España en el segundo trimestre se fijó en el 116,10% del PIB, 1,475 billones de euros.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, señalan que la propuesta presentada por la Comisión Europea es una buena base de trabajo. Se trata de una propuesta "equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés presentado en marzo pasado y sus principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país".

Estas fuentes señalan que la intención del Ejecutivo es plantear una estrategia de avance rápido de la propuesta y trabajando de forma constructiva con el resto de Estados miembros. Desde el ministerio dirigido por Nadia Calviño, no se descarta que el acuerdo sobre el texto legal "se alcance durante la presidencia española" a lo largo de la segunda mitad del próximo año, para que pueda aplicarse en su totalidad a partir de 2024.

La propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años tenga una posibilidad de extensión hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso considerable.

También se introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras. La propuesta mantiene un máximo del 3% de déficit, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada. Según destacó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, "lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida".

En cuanto a las penalizaciones al incumplimiento, Gentiloni ha incidido en que "se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se harán más creíbles reduciendo los importes". Debido al especial riesgo de que se produzcan repercusiones negativas dentro de la unión monetaria, sería posible aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento.