La simplificación del marco regulatorio que afecta a las empresas generaría un "impacto positivo" sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB y podría ser incluso superior si se produjera esa mejora en clave europea, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Así lo indicó ayer el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación de la revista La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de libertad económica 2022. Añadió que en las últimas décadas se ha producido en España una gran proliferación normativa.

A su juicio, esto ha derivado en "un marco legislativo excesivamente complejo" que obliga a las empresas a dedicar "un importante volumen de recursos a entender y cumplir con toda esta regulación" y por tanto se produce "una fuga de recursos que no pueden ser destinados a su actividad principal".

El IEE ha cifrado ese coste para las empresas "entre el 1,5% y el 2,5% del PIB", mientras que los consumidores también se ven perjudicados con "mayores precios finales y una menor variedad, calidad y cantidad de los productos y servicios disponibles".

Dicha fragmentación de la normativa, un 70% de la cual corresponde a las comunidades autónomas, también estaría provocando "incertidumbre e inseguridad jurídica", lo que afecta negativamente a la confianza y genera obstáculos y trabas para la iniciativa y el desarrollo empresarial, añadió Fernández de Mesa.

Esta carga impositiva, así como el gasto público y la salud fiscal, serían los motivos de que España se sitúe en el puesto 41 a nivel mundial de los 184 países analizados en el índice de libertad económica (ILE) en 2022, dos puestos por debajo de la clasificación de 2021.

Este indicador, que ha sido elaborado por la Fundación Heritage y adaptado a España por el Instituto de Estudios Económicos, sitúa al país en el puesto 29 de los 38 países de la OCDE.

Así, el IEE ha pedido una reflexión sobre estos datos y apostar por la mejora de la libertad económica, ya que un impacto negativo sobre ella dificulta la actividad económica, la creación de empleo y, en definitiva, el bienestar social a largo plazo.

El organismo ha puesto como ejemplo la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que pretende conseguir una verdadera unidad de mercado y que supone recuperar "el espíritu del anulado principio de la eficacia nacional", es decir, que permite "a las empresas establecidas legalmente en otra región española operar libremente en territorio madrileño sin ningún requisito adicional".

En cuanto a la libertad de empresa, arroja el informe, España ha experimentado cierta mejoría en relación con 2021, "debido a que se contabiliza un apoyo de los fondos europeos para la inversión empresarial (de nuevo una palanca europea y no doméstica)".

No obstante, continúa en la zona baja, en concreto en la posición 32 dentro de los países que componen la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la media de la OCDE.