Estos incrementos se sitúan en una horquilla que va desde el 5,6% aprobado por Francia al 18,9% de Lituania, según las cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo español. Es más, los aumentos son, en prácticamente todos los casos, muy superiores a los incrementos llevados a cabo por estos mismos Estados para 2022. Es el caso de países como Bélgica, que el pasado año aprobó un aumento del salario mínimo para 2022 del 4% frente al 13% acordado para 2023; o Alemania (3,40% para 2022 y 15% para 2023); Holanda (2,40% para el presente ejercicio y 10% para el próximo año); y Grecia (que aumentó esta renta un 2% en 2022 y la subirá un 9,7% en 2023).
En el caso español lo único que ya está decidido por parte del Gobierno es que el salario mínimo -fijado para 2022 en 1.000 euros en catorce pagas, 14.000 euros anuales- se incrementará, pero aún están decidiendo en qué porcentaje. El único compromiso que el Ejecutivo ha reiterado en numerosas ocasiones que va a cumplir es elevar la cuantía de este salario a una cantidad equivalente al 60% del salario medio del país, tal y como recoge la Carta Social Europea. Esto deberá hacerse antes de terminar la legislatura según lo comprometido en el acuerdo de Gobierno de coalición, por lo que será el próximo incremento para 2023 el que deba cumplir lo estipulado.
Desde el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene dentro del Ejecutivo la competencia de actualizar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), se ha delegado en una comisión de expertos la tarea de determinar la cifra que representa ese 60% del salario medio. Con la cuantía o cuantías que determinen estos expertos, el Gobierno tendrá que decidir la subida del salario mínimo para el próximo año, tras consultar -que no negociar- con los agentes sociales. Estos expertos tienen previsto hacer su propuesta a mediados de este mes.
Según lo barajado hasta el momento, la comisión ya calculó en 2021 que el 60% del salario medio se situaría en unos 1.049 euros, lo que requeriría subir el SMI para 2023 alrededor de un 5%. Pero este cálculo fue hecho con estadísticas de 2019 que han sido actualizadas posteriormente. A esto desde Trabajo añaden la explosión experimentada por los precios, por lo que han pedido a estos expertos que, para calcular cuánto debería subir el SMI usen las estadísticas más actualizadas y la crisis inflacionista. De hecho, el primero de los criterios que recoge la ley para actualizar el salario mínimo es el nivel de inflación.
Según eso, si esta renta subiera como se calcula que terminará el IPC promedio del año en el entorno del 8% u 8,5%, esta renta se colocaría en los 1.080 euros mensuales o ligeramente por encima. Sin embargo, dado el fuerte impacto del aumento de los precios en las rentas de los trabajadores, los sindicatos han considerado que este último incremento sería aún insuficiente y reclaman un alza del 10% hasta los 1.100 euros.
De esta forma, las posibilidades de incremento del salario mínimo español irían desde el 5% -que también ha pedido el BCE para los salarios en general en la UE al 10% que reclaman los sindicatos, pasando por la cifra eventual de IPC promedio en el entorno del 8%.
En este punto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que prefiere un acuerdo con una cuantía inferior a tener a los empresarios completamente en contra. Pero esto tampoco determina nada porque todo apunta a que las empresas no van a mostrar su apoyo a ningún tipo de incremento del SMI, como no respaldaron el incremento del 5,3% para 2022. Entre los argumentos que usan los empresarios para rechazar un aumento de esta renta en función de la inflación es que esto supondría tener que subir el salario a cuatro millones de asalariados.