Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, rebatieron ayer la propuesta de reforma del despido que hizo el miércoles la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dentro de un futuro Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI.

Díaz plantea cambiar las causas del despido, de forma que pasen de ser objetivas a subjetivas, según las circunstancias personales del trabajador. O incluir estas últimas en la valoración de la indemnización para el empleado. Por lo tanto, Díaz considera que habría que considerar circunstancias del trabajador como la edad, el género, el daño causado con el despido por su situación familiar y patrimonial, el número de hijos o su capacidad para volver a encontrar trabajo. La vicepresidenta considera que, en la rescisión de los contratos, hay que elevar la protección de los trabajadores de mayor edad. Con frecuencia, son de los primeros en salir de la empresa, a través de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Con el problema de que suelen ser los más afectados por el paro de larga duración.

En estos momentos, el despido en las empresas tiene como causas fundamentales las de carácter económico, tecnológico, organizativas y de producción. Todas ellas relacionadas con la situación de la empresa y la prestación de servicios por parte de los trabajadores.

En este debate, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, advirtió a la vicepresidenta Segunda que su idea "puede suponer una traba para determinados colectivos de trabajadores", dijo refiriéndose a los de mayor edad. "Las empresas privadas no contratarían a gente a las que, de antemano, ya saben que va a ser más caro despedir". Bien es verdad que Garamendi añadió que su crítica no significa que CEOE no esté dispuesta a hablar de ello con el Gobierno. El dirigente empresarial explicó que la propuesta de Díaz "es bastante vieja" en la legislación laboral. "Tanto como de la época de Primo de Rivera" [1922-1930]".

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, expresó su hartazgo por lo que él considera "tanta intervención" del Gobierno en el funcionamiento de las empresas. "Una cosa es el mercado laboral y otra son las políticas sociales. [El Ejecutivo] tiene que garantizar la seguridad jurídica de las empresas" para que éstas puedan trabajar y crear empleo. "Pedimos responsabilidad [al Gobierno] antes de lanzar propuestas que puedan generar mayor incertidumbre para las empresas. Especialmente, para las pequeñas y medianas, que son las que más sufren antes las modificaciones de la normativa laboral", dijo Cuerva.

Sin embargo, Nadia Calviño, vicepresidenta Primera y máxima responsable del área económica del Gobierno, respondió a los empresarios que la propuesta de Díaz no es del Ejecutivo, ni se ha discutido en su seno. Como si llamase la atención a la responsable de Trabajo, Calviño dijo en Bruselas: "No conozco esas propuestas, pero en todo caso esto no se ha debatido en el seno del Gobierno". Para frenar la polémica, Díaz corroboró las palabras de Calviño y añadió: "En el Gobierno no estamos trabajando ahora en la reforma del despido".