La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, sorprendió hace una semana con el anuncio de que reforzará el papel de la Inspección de Trabajo para que pueda "controlar las causas que motivan un expediente de regulación de empleo (ERE)". "La cuestión va de que no se pueda despedir, del endurecimiento de las causas", afirmó en un mitin de Sumar en Sabadell. Aseguró que la medida "está prácticamente lista", si bien desde entonces, nada más se ha concretado.

Las dudas sobre el alcance y la materialización de esta promesa crecen entre las empresas, laboralistas y despachos de abogados. Lo único que parece claro es la razón que la motiva: el temor a una oleada de despidos colectivos que empezará a materializarse en 2023, en pleno año electoral. La reforma laboral de 2012 acabó con la autorización administrativa previa de los despidos colectivos. Esta figura suponía que la autoridad laboral competente, que podía ser desde un ayuntamiento a la consejería de una comunidad autónoma, era la que daba luz verde o vetaba el expediente. Ello implicaba una injerencia política en los procesos muy cuestionada por las empresas.

Después de la modificación impulsada por el Gobierno del PP, la decisión corresponde a la empresa y son los trabajadores y los sindicatos los que, en caso de desacuerdo, pueden recurrirla por vía de la jurisdicción social. Díaz no derogó este apartado en su propia ley laboral y ha dejado claro que no quiere recuperarla ahora. La razón que aduce es, precisamente, evitar la intervención política, aunque Cataluña (donde hizo el anuncio) y Valencia tienen atribuidas las competencias en materia de Inspección.

Raquel de la Viña directora en el departamento de Derecho Laboral de Andersen apunta de que se puede incurrir en un supuesto de "ultra vires". Es decir, que la Inspección actuaría por encima de sus competencias atribuidas por Ley. También escéptico se muestra el socio de Gomez, Acebo & Pombo, Ignacio del Fraile, quien considera que después de una década sin autorización administrativa previa las empresas y los sindicatos "se han acostumbrado" a un modelo de negociación sin intervencionismo.

Por su parte, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que, si se trata de reforzar el control de las causas, no cambia "jurídicamente hablando" la posibilidad de acudir a la medida de despido colectivo por parte de la empresa. Eso sí, el informe negativo de Inspección sería presentado en el juicio por los trabajadores, "con evidente posible impacto negativo sobre la decisión de la autoridad judicial".

Esto aún queda lejos del freno a los despidos que la ministra prometía en sus declaraciones, solo unos días antes de que el Supremo tumbara la 'prohibición de despedir' que el Gobierno introdujo durante la pandemia, una idea que recuperó en el plan de choque ante la emergencia energética provocada por la guerra de Ucrania. Pero sí complicaría la negociación y puede tener incluso un efecto disuasorio. O al menos eso es lo que espera el Gobierno.

Desde la CEOE aseguran que no han sido consultados y no saben nada de las intenciones del Gobierno, aunque de entrada rechazan recortar la libertad de las empresas para tomar sus decisiones. En cualquier caso, el renovado compromiso de Díaz para prohibir los despidos sorprende en un momento en el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas para evitar despidos, como el desarrollo del Mecanismo RED para aplicar un modelo similar al de los ERTEs de la pandemia sectores afectados por la crisis.

Además, con el modelo actual, el número de extinciones de empleos se mantiene en un nivel relativamente moderado. Aunque sigue por encima de los niveles previos a la pandemia, en lo que va de 2022 los datos parecen reflejar cierta contención en su volatilidad.