El Banco Central Europeo (BCE) no puede evitar el impuestazo anunciado por el Gobierno para recaudar 3.000 millones de euros a cargo de la banca, pero en el sector financiero confían en que favorezca un rediseño menos lesivo y que impida que sea inconstitucional. El organismo, que ya ha ido soltando píldoras sobre su disconformidad con la nueva tasa, prepara un informe que se presume "duro" y que debería, al menos, ayudar a clarificar técnicamente su regulación, según diversas fuentes consultadas.

La institución presidida por Christine Lagarde ha creado, de hecho, una comisión de expertos ad hoc para analizar si el recargo amenaza la solvencia, la estabilidad financiera, el crédito y su encaje legal. La complejidad del estudio hace que haya consumido el primer mes de elaboración establecido en normativa después de que el Congreso de los Diputados solicitase al organismo formalmente su estudio y se encuentra ahora en el mes de prórroga o adicional estipulado para estos procedimientos.

No es la primera vez que el BCE analiza figuras similares dentro de su responsabilidad como garante de la estabilidad financiera y en anteriores ocasiones las ha criticado con dureza. En 2019 arremetió, por ejemplo, contra un impuesto a la banca de Lituania por el "efecto material adverso" que tendría sobre su sistema financiero y reprobó el uso para fines presupuestarios, algo que es susceptible de repetirse ahora.

El proyecto que el PSOE y Unidas Podemos han llevado al Congreso para su tramitación fija un tipo impositivo del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran aquellas entidades financieras que en 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones. Su intención es financiar con estos recursos las ayudas desplegadas para los colectivos más afectados por el aumento de la inflación y energía y de la situación creada por la guerra de Rusia con el argumento de que se gravan los resultados extraordinarios que obtendrá la banca por la subida de tipos de interés.

La banca y expertos, económicos y fiscales, repudiaron en bloque la medida avisando sobre la inconstitucionalidad de su diseño y abriendo desde el sector la puerta a llevarlo a los tribunales si sale adelante. El sector ha refutado además que los tipos vayan a generar resultados extraordinarios cuando se producirá, en realidad, una normalización de la anómala situación de tasas negativos. El Banco de España, por su parte, ha enmendado la simple idea de que traerá ganancias advirtiendo de que la tensión creada por los tipos puede llevar pérdidas al sector por la recesión inducida.

Para reforzar los argumentos algunos expertos han puesto números: el Santander cifró en 50.000 millones la restricción crediticia que puede inducir y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank vinculado a la CEOE, auguró que tendrá un impacto sobre la economía de casi 5.000 millones y provocará la pérdida de 72.000 empleos.

El mismo BCE ha deslizado críticas. El presidente del Consejo de Supervisión del organismo, Andrea Enria, reprendió la idea de que gravámenes así solo tengan en cuenta los ingresos brutos y no las provisiones que encajarán los bancos al aumentar el riesgo por la recesión. "Creo que, en términos de incentivos, tal vez no sea del todo correcto", llegó a apuntar, convencido de que "poner un impuesto sobre los ingresos brutos podría ser un poco engañoso y tal vez un incentivo incorrecto".

Si bien la advertencia la realizó sin atribuirla a la tasa española avanzaba así parte de su opinión. La normativa fijada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) exige además a la banca incorporar en sus precios todos los gastos, incluidos los fiscales, frente a la decisión del Ejecutivo de evitar por ley su traslación al consumidor.

En el sector y otros expertos consultados esperan que el Gobierno sea sensible al dictamen que elabore por la importancia que tiene España en la Unión Europea, el peso en el mismo BCE donde la vicepresidencia la ejerce Luis de Guindos y en las instituciones comunitarias, lo que desaconseja un choque frontal.

Entre los aspectos de la actual regulación que la convierte en inconstitucional según los expertos fiscales figura la discriminación y doble tributación. Para resolver la situación algunos de los cambios susceptibles que apuntan es levantar la condición de que solo contribuyan bancos españoles con ingresos desde 800 millones. Con ese criterio, se excluyen del pago a entidades como ING o Deutsche Bank y hace recaer la factura de los 3.000 millones (1.500 millones anuales en 2023 y 2024) sobre apenas 10 bancos, dejando fuera también a las entidades nacionales de menor dimensión.

Si mantiene la formulación de gravar los ingresos, señalan que podría permitir la deducibilidad por la cuota que corresponda, aunque ven técnicamente más acertado que la tasa vaya sobre beneficio. Una tasa sobre el resultado tendría en cuenta las provisiones sobre las que avisó el BCE y el problema de doble tributación podría encararse ampliando el tipo del impuesto sobre sociedades.