La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abordará el próximo año, y por primera vez en su historia, una tarea sin precedentes: la investigación de "todo el universo de contratos", mediante el instrumento denominado herramienta de lucha contra el fraude. Por esta razón, en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, el ministerio ya no se traza un objetivo de investigar un número determinado de contratos. El objetivo son todos, y así figura en el programa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el próximo año.

El cambio en la estrategia de vigilancia del empleo coincide con el segundo año de aplicación de la reforma laboral, que será 2023. La modificación normativa restringió el uso de las fórmulas habituales de empleo eventual y convirtió en indefinidos el contrato fijo discontinuo y el habitual de la construcción. Para ello, el Gobierno hizo varias reformas en ambos contratos que pretendían combinar la flexibilidad, para la empresa, con la protección del trabajador.

La Inspección de Trabajo da mucha importancia a la utilización de las nuevas tecnologías en la lucha contra el fraude en materia de contratación, salarios, extranjería, siniestralidad laboral o en el vasto campo de la Seguridad Social.

Entre ellas, la llamada herramienta de lucha contra el fraude, que es un instrumento que utiliza el cruce masivo de datos -el big data-. Es la automatización y la explotación de toda la información laboral y de Seguridad Social que envían las empresas y acumula la administración: Hacienda, Seguridad Social y el SEPE, que pronto se llamará la Agencia Española del Empleo, cruzan continuamente datos entre ellos.

De esta forma, la herramienta permite a la Administración detectar dónde, en qué empresa, y con qué trabajadores puede haber "indicios de fraude, lo que redunda en una mayor eficacia y eficiencia en la actuación" de la Inspección de Trabajo. Es más, el modelo hace posible que las empresas regularicen a los trabajadores que puedan estar en una situación eventual de fraude, antes de que se presente la Inspección de Trabajo. Con frecuencia, el ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, organiza envíos masivos de cartas advirtiendo a las empresas que ha detectado situaciones de posible irregularidad en sus trabajadores. Por esta razón, les da un plazo para que arreglen la situación antes de que la Inspección tenga que intervenir en la empresa.

Por lo tanto, entre 2021 y 2023, el número de contratos investigados va a pasar desde los 394.998, del año pasado, a los 490.000, de este año, y a todos los contratos, en 2023. Entre septiembre del año pasado, cuando entraron plenamente en vigor las nuevas fórmulas del contrato temporal, y septiembre de este año, la Inspección de Trabajo ha obligado a las empresas a convertir en indefinidos a 375.000 empleados hallados en situación irregular.

En este contexto, para este año, la Inspección tendrá como prioridades para el próximo año los siguientes objetivos en la lucha contra el fraude: en primer lugar, combatir el abuso en la contratación temporal mediante la celebración de contratos concatenados o sin causa, "con especial atención a los trabajadores y trabajadoras jóvenes". Es decir, el encadenamiento de contratos temporales más allá de lo que establece la ley. Precisamente, otro objetivo prioritario es la lucha contra el uso fraudulento de los contratos fijos discontinuos, después de los cambios que la reforma laboral plasmó en él.

Por ejemplo, ahora es un contrato indefinido, no temporal, por lo que tendrá fecha de inicio, pero no de fin. El trabajador tiene derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, y no el tiempo de servicios efectivamente prestados. Esto es muy importante porque, en caso de despido improcedente, tiene la misma indemnización para el trabajador que un contrato indefinido normal: 33 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de dos años de retribución. Y, además, si se queda en el paro, por primera vez tiene derecho a la protección por desempleo.

Precisamente, entre los objetivos prioritarios de la Inspección de Trabajo estará también reforzar el control sobre las empresas para que paguen los salarios y, especialmente, el salario mínimo interprofesional. Ahora es de 1.000 mensuales y 14.000 anuales.

Muy importante también, con la entrada en vigor de la ley de repartidores, es "prestar atención a las plataformas digitales, a la robotización del trabajo". Cambios "que implican mutaciones en las empresas y en la prestación de servicios, que amenazan los derechos de los trabajadores por la utilización de fórmulas fraudulentas".

Relacionado con este último punto, la Inspección también pondrá en su objetivo "la lucha contra el fraude en la Seguridad Social. En particular, en la cotización indebida de los salarios, y de los falsos autónomos" y, además, los falsos becarios. En el primer caso, se trata de regularizar, de convertir en asalariados a los trabajadores que son obligados por la empresa a pagarse toda la Seguridad Social, como si fuesen autónomos.

En el caso de los becarios, la Inspección quiere terminar con lo que se produce en muchas empresas con trabajadores jóvenes, que desempeñan puestos similares a los de los que están en plantilla y, sin embargo, tienen menos derechos y un salario más bajo, si es que lo cobran.