El Gobierno contempla elevar el gasto público en unos 10.000 millones de euros el próximo año con respecto a la cifra fijada en el proyecto de Presupuestos para 2023, recién entregado al Congreso. Este importe serviría para financiar nuevas medidas contra la inflación y la prórroga de las ya vigentes.

El Ejecutivo, que como de costumbre ha apurado hasta el final el plazo que permite Bruselas, confía en recibir a lo largo de las próximas semanas el aval a un programa que parte de un crecimiento del PIB nacional del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023. Además, por primera vez y debido a la situación de incertidumbre económica, el Gobierno incluye en su programa dos escenarios posibles: el ya previsto en los Presupuestos y otro en el que no descarta adoptar y prorrogar nuevas medidas para proteger a la población más vulnerable. En este último caso, el gasto se afrontaría con la recaudación extra prevista para 2022 y 2023, cifrada en unos 20.500 millones de euros.

El objetivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es "ayudar a la sociedad española a transitar la compleja situación derivada de la invasión rusa de Ucrania", recoge el texto remitido a Bruselas. Por ello, se "prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética". En cualquiera de los dos escenarios, matiza Hacienda, los objetivos de déficit se mantendrían, con el fin de cerrar 2023 con un saldo negativo del 3,9%.

Las medidas a prorrogar podrían ser la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, la rebaja del tipo del IVA de la electricidad y del gas, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad o el bono eléctrico, entre otras. El citado plan, siguiendo con las conclusiones publicadas en el libro amarillo que el Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados, fía su consecución a unos ingresos públicos récord tanto por impuestos como por cotizaciones sociales. Ello permitiría, según ha previsto el departamento que dirige María Jesús Montero, el despliegue de una partida de gasto social sin precedentes tanto en el escenario más prudente como en el más adverso, fruto de una recaudación que tampoco tiene parangón.

En el primer supuesto, los impuestos recaudarían 320.354 millones de euros en 2022 y 344.627 millones en 2023, una cantidad que se debe a medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en Sociedades, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, y la introducción de medidas no tributarias como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero. También habría que sumar las consecuencias de la inflación y de la mejoría del empleo. Estas cifras, ya de por sí, son récord.

En el segundo escenario, sin embargo, se prevén unos ingresos por impuestos de 331.188 en 2022, que pasarían a los 354.283 millones de euros en 2023. Las cifras suponen unos 10.000 millones más por ejercicio, dando pie a un margen fiscal de hasta 20.000 millones que el Gobierno se reservaría para las medidas contra la inflación. La mayor recaudación en 2022 bajo este supuesto, explica el plan, "parte de una mayor previsión de ingresos actualizada a octubre de 2022, con una mejora de las previsiones a consecuencia de la buena marcha de la economía".

En el apartado de las cotizaciones sociales, y al calor de un incremento del empleo del 0,6% que reducirá la tasa de paro al 12,2%, el Gobierno prevé recaudar 152.075 millones de euros, un 11,5% más que el presupuesto inicial. Cabe recordar, no obstante, que si la recaudación estimada para 2023 se compara con los ingresos que realmente se tendrán al final de este año (141.889, según el último avance de ejecución presupuestaria de agosto), el incremento real sería del 7,2%. En todo caso, los ingresos por cotizaciones sociales sumarían aproximadamente el 75% de todo el presupuesto estimado para la Seguridad Social (unos 204.000 millones), un gasto inédito necesario para poder afrontar la revalorización de las pensiones con el promedio del IPC del año en curso, en torno al 8,5%.

En el documento remitido a Bruselas, el Gobierno también saca pecho del afloramiento de 285.000 afiliados a la Seguridad Social desde el comienzo de la crisis del Covid-19. De ellos, 250.000 son asalariados y otros 35.000 autónomos.

El esquema que ha diseñado el Gobierno permitiría a España reducir el déficit público desde el 5% del PIB previsto para 2022 al 3,9% proyectado en las cuentas de 2023. El agujero fiscal, que alcanzó el 10% del PIB en 2020, se redujo al entorno del 7% en 2021. Hacienda, siempre en un contexto de prudencia debido a las turbulencias económicas, confía en poder reducir el saldo fiscal negativo hasta el 3,3% y el 2,9% en 2024 y 2025, respectivamente. Por su parte, prevé Hacienda, la ratio de deuda pública sobre PIB "también proseguirá su descenso iniciado en 2021. De esta forma, la deuda se situará en el 112,4% del PIB, frente al 115,2% de 2022".

No es para menos. Cabe recordar que el año 2023 será previsiblemente el último en el que estén congeladas las reglas fiscales europeas que limitan el déficit y la deuda de cada Estado miembro a un máximo del 3% y el 60% del PIB, con el riesgo de la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de Bruselas si se superan estos umbrales. La intención de la Comisión y de algunos socios como España es reformular estas normas fiscales para adecuarlas a la situación de cada economía, lo que no quita que Bruselas siga recordando reiteradamente a España la necesidad de revertir los desequilibrios fiscales.