El Gobierno estima que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos, gracias a las medidas de política económica adoptadas durante la pandemia. Así se recoge en el Plan Presupuestario para 2023 que el Ejecutivo ha remitido a la Unión Europea.

"Este afloramiento se debe en gran medida a las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente los ERTEs y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos, que no solo habrían promovido una mayor flexiseguridad en el mercado laboral, sino que habrían favorecido el afloramiento de trabajadores que se encontraban en la economía sumergida", asegura Moncloa en un comunicado.

Además, indica que el impulso a la digitalización y las reformas estructurales en el mercado de trabajo van a permitir reducir el paro estructural en 510.000 personas desde 2019. El aumento de las cotizaciones sociales, debido al afloramiento del empleo sumergido, y el alza de ingresos netos estructurales, consecuencia del desempleo estructural, han permitido mejorar las finanzas públicas, ya que la suma de ambas contribuciones ha permitido reducir el déficit estructural 7 décimas del PIB.

El Ejecutivo explica que las medidas de política económicas adoptadas, primero con la respuesta a la pandemia y desde el pasado año con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y las medidas de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania, han conseguido impulsar un cambio estructural en el mercado de trabajo.

En este sentido, destaca el incremento de los empleados con contratos indefinidos, la reducción del porcentaje de temporalidad entre los afiliados a la Seguridad Social, que ha caído por debajo del 20% por primera vez en la historia, y la reducción del desempleo juvenil.