Y todo, para que los jueces puedan conocer la situación en que están las empresas sobre materia de discriminación en los litigios, "lo que va a tener reflejo en las indemnizaciones que se impongan", según ha explicado Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo, en el transcurso de su intervención en la jornada sobre El nuevo derecho antidiscriminatorio y su impacto en las relaciones laborales, organizada por Labormatters Abogados, en colaboración con CEOE.

La inspectora ha explicado que en estos informes se explica si las sociedades tienen políticas y códigos de buenas prácticas, si realizan acciones de sensibilización y formación y si cuentan con procedimientos para la detección y cese de conductas discriminatorias, por ejemplo. Se tienen en cuenta las evaluaciones de riesgo sobre maternidad, por ejemplo, en la hostelería, y sobre los sectores donde hay mano de obra inmigrante, como ocurre en la construcción, donde se plantean problemas de idioma.

Paloma Urgorri ha explicado que las empresas deben ser proactivas y que en el caso de las microempresas generalmente no saben de qué les están hablando cuando se les solicitan los planes de igualdad y cuando se les pide información sobre cómo han llevado cabo las políticas de contratación de trabajadores. La nueva normativa establece que el Plan Anual de la Inspección debe incluir planes sobre igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. La inspectora ha advertido, de que "la Inspección va a ser una anécdota ante las multas de la futura Autoridad, que podrán llegar hasta los 500.000 euros".

Esta Autoridad será un órgano independiente con recursos públicos que podrá investigar de oficio situaciones de discriminación con agravante cuando la discriminación la cometa un servidor público. Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, ha señalado que la discriminación es prioritaria en el ámbito laboral, fruto de ello es que desde 2019 se han introducido nueve normativas sobre la materia. También, ha advertido que "la jurisdicción social está colapsada y los informes de la Inspección se han convertido en un amén para los jueces a la hora de imponer sanciones e indemnizaciones por violaciones de derechos fundamenta

Y ha añadido que "la principal problemática de no cumplir la legislación y no contar con códigos y protocolos, evaluación de riesgos, no dar formación sobre estos temas es que tiene un gran coste en credibilidad jurídica ante las denuncias.

Puy Abril, socia de Labormatters Abogados, ha destacado la necesidad de realizar una estrategia global de la compañía que, entre otras cuestiones, abarque de forma coordinada y eficiente: políticas y códigos de buenas prácticas, sensibilización y formación y procedimientos para la detección y cese de conductas discriminatorias. La Ley 15/2022 incorpora, además, nuevos motivos de discriminación, como la identidad de género, la expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y predisposición genética a sufrir patologías, así como la situación económica.