El Estado recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una transferencia récord para "garantizar la sostenibilidad" del sistema público de pensiones que roza los 39.000 millones de euros tras crecer un 7,2%. De esta inyección, que forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la transferencia para cubrir gastos no contributivos (los conocidos como gastos impropios) suma 19.888 millones, casi 1.500 más que el año previo.

Esta transferencia del Estado cumple con la recomendación del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Sirve para cubrir 7.261 millones de euros para financiar los complementos a mínimos, 3.003 millones para pensiones no contributivas, incluido País Vasco y Navarra o el Ingreso Mínimo Vital por valor de 3.097 millones de euros, entre otras partidas.

De forma adicional y con el objetivo de equilibrar presupuestariamente las cuentas de la Seguridad Social, el Estado prestará al sistema un crédito 10.004 millones de euros, un 43,3% más que los 6.982 millones de euros del crédito presupuestado en 2022. "Son 10.004 millones para la tranquilidad y la certeza del sistema. Nos ocupamos del presente y del futuro", ha subrayado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El libro amarillo presentado Montero recoge que, incluso con las transferencias del Estado que sirven de red de protección financiera para el sistema, la Seguridad Social se mantendrá en déficit el año 2023. La previsión de cierre para este año es del 0,5% del PIB, en línea con los objetivos marcados; sin embargo, para el año próximo se mantendrá en números rojos y no bajará del 0,5%, un valor que ronda los 7.200 millones de euros. 

Este desbalance del sistema público de pensiones español tiene un futuro más pesimista, augura el economista Javier Santacruz. "A pesar de que los ingresos por cotizaciones aumentan un 11,5% y las transferencias del Estado un 7,5%, todavía no es suficiente para cubrir toda la cantidad de gasto que se está generando. Eso significa que el déficit estrictamente contributivo de la Seguridad Social (cotizaciones menos gasto en pensiones contributivas) va a hundirse en un déficit aún mayor", explica. Añade que es "muy probable" que se supere esa diferencia de 14.700 millones de euros entre aportaciones y gasto.

Los Presupuestos del año electoral blindan un gasto récord en pensiones que suma 190.000 millones, algo más del 70% del total del gasto social de 266.000 millones que luce como bandera el Gobierno de coalición en estas cuentas. El gasto público, como viene siendo recurrente, queda sometido a las pensiones: cuatro de cada diez euros se van destinados a esta partida, que es indiscutiblemente la más elevada.

Con todo, el gasto en pensiones presupuestado hace ahora una década por el ministro Cristóbal Montoro se cifraba en 121.000 millones, lo que supone un incremento del 36% desde las cuentas estatales de 2013. De hecho, hay que remontarse al libro amarillo del año de la crisis financiera para observar un gasto en pensiones inferior a 100.000 millones de euros.