En concreto ocupa el puesto número cuatro de todo el Viejo Continente, con un tipo agregado (sumando el tramo estatal y el propio de la comunidad autónoma que corresponda) del 54%. Solamente superan a España desde este punto de vista Dinamarca con un 55,9%, seguida de Francia (55,4%) y Austria (55%). Y eso no significa que todos esos países sean más rigurosos en política fiscal. De hecho, así se ve en aspectos como las rentas de capital.

"Si bien es cierto que el tipo impositivo marginal en los países de nuestro entorno viene a ser superior al que tenemos en España, no es menos cierto que la presión fiscal que soportan las rentas, especialmente de capital, en nuestro país es más elevada que la media existente en la UE-27", según pone de manifiesto Leonardo Neri, socio del área Fiscal de Montero Aramburu y también socio codirector del despacho.

Volviendo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la comparativa con el promedio tampoco nos beneficia, en la medida en que el IRPF español lo supera en más de diez puntos porcentuales. No se puede alegar que la elevada exacción sea una característica de las grandes economías de la Unión Monetaria. Dejando a un lado el elevado marginal máximo español y francés, Alemania aplica al tramo más elevado de renta un 47,5%, una tasa muy cercana a la propia de Italia (47,2%).

Fuera de la eurozona y de la Unión Europea, destaca también Reino unido con un gravamen máximo del 45%. Las diferencias, como era previsible, se vuelven notablemente más amplia cuando se toma como referencia a las pequeñas economías de Europa del Este y a los países bálticos. En concreto, la comparativa de la OCDE revela que los marginales máximos de menor cuantía se encuentran en Letonia (31%), Eslovaquia (25%), República Checa (23%), Estonia (20%) y el especialmente llamativo 15% de Hungría.

Imposiciones superiores a los 52 puntos porcentuales suele considerarse en el límite de las exacciones confiscatorias, de acuerdo con los fiscalistas del club de los países desarrollados, pero lo cierto es que España cuenta con varias autonomías que se encuentran en esa situación. Es el caso de la Comunidad Valenciana, el territorio que es precisamente el culpable (por su elevado tramo regional) de que se alcance ese 54% que destaca a España entre los países tributariamente más severos con los mayores niveles de renta.

Y la situación no va a cambiar en ese territorio. Es cierto que el presidente valenciano, Ximo Puig, anunció cambios en el IRPF, pero estos se limitarán a una deflactación de los tramos para ingresos inferiores a los 60.000 euros anuales. No habrá, por tanto, moderación alguna en los gravámenes para las rentas altas. Es más, está por verse si los socios de Gobierno del PSV no reclaman una mayor presión sobre ese tipo de contribuyentes, como moneda de cambio para dar luz verde a la ya anunciada deflactación.

Más allá de la Comunidad Valenciana todavía hay otros territorios que igualan o superan el 50% en su mayor tramo del Impuesto sobre la Renta. Son Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Cataluña. En esta última autonomía, destacada también durante décadas por sus elevados tipos impositivos, tampoco habrá cambios en lo que a las rentas se refiere, ni siquiera a las propias de los niveles más bajos previstos en el IRPF. No en vano las medidas anunciadas esta semana por el presidente Pere Aragonés se han quedado en bonificaciones para los hijos escolarizados.

Pero nadie puede negar ya que puede hablarse de la existencia de dos Españas desde el punto de vista fiscal, especialmente en lo que concierne al tratamiento de los ciudadanos con rentas más elevadas y no todas ellas están gobernadas por el PP. Por debajo de un tipo del 50%, se encuentran Galicia, Castilla La Mancha y Andalucía con el 47%; Castilla y León con el 46% y, especialmente, Madrid cuyo marginal queda en el 45%.