La vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una mejora considerable de las cuantías de las prestaciones por desempleo. La discusión forma parte de las conversaciones internas del Gobierno de coalición, entre el PSOE y Unidas Podemos, para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
En este terreno, Díaz, que es la cabeza de UP en el Ejecutivo, tiene un objetivo doble para mejorar las prestaciones por desempleo: el primero, es elevar, de forma paulatina, en dos ejercicios, del 50% al 70%, la cuantía de la base reguladora de la protección contributiva, a partir del séptimo mes y hasta el final de la prestación. En teoría, y sin que sirva de precedente, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumple su palabra, podría convocar las elecciones generales en diciembre del próximo año. Con tiempo para aprobar los Presupuestos de 2024, si consigue la mayoría parlamentaria que necesita.
Por eso, la vicepresidenta estima que la subida podría ser en dos años, informaron fuentes próximas a Díaz. Y por esta razón también, habla siempre de recuperar los recortes que hizo el Gobierno del PP en la protección por desempleo. Díaz se refiere a que su antecesora en el Ministerio de Trabajo y también de Seguridad Social, Fátima Báñez, que encabezó el Departamento en el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018), rebajó en 2012, del 70% al 50%, la cuantía de la prestación contributiva, a partir del séptimo mes de la prestación contributiva. Era una medida para reducir el gasto e incentivar la búsqueda de trabajo. Era el final de la gran depresión económica que comenzó en 2007 y terminó en 2013. En enero de 2012, cuando comenzó el Gobierno del PP había 4,6 millones de parados.
Curiosamente, durante la pandemia del coronavirus, entre 2020 y 2021, los sucesivos acuerdos de los ERTE, recogieron entre otros puntos, que la cuantía de la prestación contributiva se mantuviese en el 70% de la base reguladora durante todo el tiempo que dure el expediente y el empleado esté sin trabajar. En los ERTE, como ahora en los Mecanismos RED, si la empresa quiere recibir ayudas públicas, debe comprometerse a mantener el empleo de los trabajadores afectados por el expediente, hasta seis meses después de terminado el mismo.
La cuantía máxima de la prestación contributiva, sin hijos, es de 1.182,16 euros. Con un hijo son 1.351,04 euros al mes, y 1.519,92 euros al mes, con dos hijos. La cantidad mínima mensual es de 722,80 euros al mes, con un hijo o más, y de 540.41 euros al mes, sin descendencia. Bien es verdad que una subida de las prestaciones por desempleo puede socavar el intento de Escrivá de estimular la búsqueda de trabajo con la reforma del Ingreso Mínimo Vital. Si sube la prestación es más difícil que quien percibe esta ayuda busque trabajos con salarios bajos que puedan complementar el IMV.
Además, Yolanda Díaz quiere subir el Iprem. Esta es una ayuda del Gobierno, que también sirve como indicador para medir el acceso de los ciudadanos a la vivienda social, las becas escolares o fijar el subsidio por desempleo. Es la prestación que recibe una persona con responsabilidades familiares, durante seis meses, una vez que ha agotado la prestación contributiva.
Por todas estas razones, subir el Iprem supone aumentar la cuantía del subsidio. Este año, esta prestación del paro es de 463,21 euros, que supone el 80% del Iprem. Es decir, de 579,02 euros al mes. Por catorce pagas, esta renta supone 8.106 euros al año.
Esta ayuda estuvo congelada en 532, 51 euros mensuales, desde 2010, con el último Gobierno socialista, hasta prácticamente 2020, que no llegó a superar los 537 euros mensuales.