El Gobierno presentará en los próximos días un paquete de medidas fiscales para el año 2023 incluyendo el nuevo impuesto a grandes fortunas que, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formará parte de una ley específica distinta a la de los presupuestos generales y con carácter urgente. Es el caso del nuevo impuesto a las grandes fortunas que, según ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE, se incorporará en una norma propia porque "no se pueden crear nuevas figuras fiscales a través de la ley de presupuestos".

"En los próximos días presentaremos un paquete de medidas fiscales que acompañarán en 2023" a los Presupuestos Generales del Estado, anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su papel de vicepresidenta general del PSOE, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del partido, en su sede de la madrileña calle Ferraz. La batería de medidas incluirá el nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado la pasada semana y que se tramitará por separado de las cuentas públicas, pero también otras iniciativas que PSOE y Unidas Podemos están negociando en estos momentos con miras a incrementar la presión tributaria sobre las mayores rentas del país.

En concreto, según fuentes conocedoras de la conversación, están sobre la mesa incrementos del gravamen sobre los salarios más elevados y, ante todo, sobre los rendimientos del ahorro a partir de los compromisos pendientes de cumplir del pacto de coalición de un Ejecutivo bicolor que encara su último año de legislatura.

El documento sellado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 establecía, en su apartado de compromisos sobre "justicia fiscal y equilibrio presupuestario", dos modificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En primer lugar, los socios prometían incrementar en "dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros".

De momento, sin embargo, el Ejecutivo de coalición se ha limitado a introducir un único nuevo tramo de IRPF a partir de los 300.000 euros. La medida, incluida en los Presupuestos de 2021, suponía un incremento de dos puntos sobre el tipo marginal aplicado hasta entonces al tramo de rentas estatal más elevadas en aquel momento, los 60.000 euros. Como resultado, el tipo marginal final -una vez sumados los tipos autonómicos- oscila hoy entre el 45% de Madrid y el 54% de Comunidad Valenciana.

Para cumplir su compromiso inicial, por tanto, el Gobierno debería elevar ahora en otros dos puntos el gravamen a aplicar desde los 300.000 euros y aplicar los tipos marginales hoy vigentes sobre un nuevo tramo a partir de los 130.000 euros.

En segundo lugar, el pacto de coalición comprometía que "el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros". Por ahora, sin embargo, y de nuevo aprovechando las cuentas de 2021, el Gobierno se ha limitado a crear un nuevo tramo del gravamen sobre el ahorro a partir de los 200.000 euros. Todas las ganancias logradas a partir del ahorro que superen dicha cuantía se gravan ahora a un tipo del 26%, frente al 23% de marginal que había vigente a partir de los 50.000 euros antes de esta última reforma impositiva.

De nuevo, por tanto, los socios de coalición tienen margen de actuación en este campo si aspiran a dar cumplimiento íntegro a su compromiso inicial antes de que concluyan los cuatro años de mandato. De aplicarlo, tendría que crear un nuevo tramo desde los 140.000 euros gravado al 27%, lo que les obligaría a revisar al alza el 26% que rige hoy a partir de los 300.000 euros. Podemos está poniendo el acento aquí, en gravar más a las rentas del capital. Sin embargo, como en el caso del gravamen sobre salarios, está por ver si los socios de coalición insisten en cumplir con la literalidad del pacto o si se convierte en un mero punto de partida para el diseño del paquete actual.

Después de todo, el documento sellado hace casi tres años fue redactado antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19 en España y de la crisis inflacionista y energética que ha agravado luego la invasión rusa sobre Ucrania, lo que permitiría justificar desviaciones sobre el punto de partida. Dependerá también del objetivo recaudatorio, pues las subidas de IRPF aprobadas han ingresado 339 millones hasta la fecha.

A falta de ver en qué culmina la negociación interna, que también sobrevuela el compromiso de rebaja del IVA sobre productos de higiene femenina, lo más definido es el cumplimiento del acuerdo de analizar las "grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". Este se materializará en la creación del nuevo impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno anunció la pasada semana en medio de la ofensiva de rebajas fiscales sobre Patrimonio lanzada por las regiones del PP. Montero se limitó a aclarar ayer que este nuevo tributo se articulará mediante una ley específica -pues no se pueden crear nuevos impuestos en Presupuestos- a la que aspiran a dar una "tramitación rápida".

Aunque el Gobierno sigue puliendo los detalles del mecanismo, fuentes conocedoras del trabajo interno confirman que el reto central es evitar incurrir en una doble imposición al sumarlo al de Patrimonio. Así, aunque su base imponible podría ser más amplia, los contribuyentes podrán evitar tributar dos veces por aquellos elementos que sean comunes, lo que eximiría del grueso a los residentes en regiones que aplican Patrimonio y obligaría a pasar por caja a aquellos que viven en Madrid o Andalucía (donde el PP lo bonifica al 100%).