Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, lanzó ayer un mensaje contundente a las empresas que pretendan incumplir los modelos de contratos de la reforma laboral. Díaz lanzó la Inspección de Trabajo contra las firmas transgresoras del contrato fijo discontinuo, del empleo a tiempo parcial y de la ley de repartidores.

La vicepresidenta avanzó también en el Congreso de los Diputados que la Inspección de Trabajo va a vigilar la contratación de los trabajadores fijos discontinuos. Especialmente, en "algunos sectores", como la educación, "en los que se cometen abusos en este terreno desde hace décadas". No sólo con la contratación de profesores, sino también entre el personal de los comedores o de limpieza.

En el último año, e incluso antes de que entrase en vigor la reforma laboral en el pasado enero, la Inspección ha descubierto 14.601 empresas con trabajadores fijos discontinuos en situaciones irregulares. Eso ha conseguido la transformación de 25.870 contratos en fijos ordinarios. El 45,77 % de los empleos analizados.

El contrato fijo discontinuo es uno de los preceptos más destacados de la reforma laboral. El Gobierno lo ha convertido en una fórmula más de empleo estable para sustituir a los contratos temporales. Según Díaz, los contratos fijos discontinuos son sólo el 5% de los 13,5 millones de empleos indefinidos que se hacen. Es decir, 75.000 personas.

En esta línea de hacer cumplir la reforma laboral, Díaz anunció la inmediata puesta en marcha de un plan específico de la Inspección para revisar la situación de más de 290.000 trabajadores de tiempo parcial sobre los que tienen "indicios de que están realizando jornadas superiores a las declaradas". Por lo tanto, para reducir las horas extraordinarias que las empresas no pagan.

En la misma intervención, la vicepresidenta del Gobierno renovó su llamamiento a la patronal y a los sindicatos para que firmen un pacto de rentas. Un acuerdo para la negociación colectiva. En este pacto deberá entrar también la subida del salario de los funcionarios. El Gobierno se reúne mañana con los sindicatos de las administraciones para discutir su subida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

La vicepresidenta reclamó a los agentes sociales que el acuerdo salarial tenga en cuenta "una negociación colectiva verde, de ahorro y de eficiencia de la energía". En el capítulo de las retribuciones también, Díaz anunció a los diputados que en diciembre convocará a la patronal y a los sindicatos para negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Bien es verdad que el Gobierno ha decidido ya subir tanto esta renta igual que el 60% del salario medio. Antes del fuerte crecimiento de la inflación, la propuesta del Ejecutivo era subir esta renta de 1.000 a 1.050 euros al mes.

Precisamente, la vicepresidenta ha encargado un informe a una comisión de expertos sobre la subida que tiene que tener esta renta con una elevada inflación como el actual. La tasa interanual del IPC en agosto es del 10,4%.

En esta línea, la vicepresidenta también anunció que el Iprem subirá en 2023. Ahora está en 579,02 euros al mes, 8.106 euros al año, con catorce pagas. El Iprem es otra renta social, que sirve como referencia a las administraciones públicas para la concesión de ayudas y subvenciones de todo tipo, incluida la tarifa eléctrica, o para el subsidio de desempleo. La vicepresidenta abogó una vez más "por una gran reforma empresarial para ganar tamaño, productividad y competitividad".