Las grandes cadenas de distribución alimentaria se han desmarcado de la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de crear una cesta básica de la compra que alivie el impacto de la inflación sobre los consumidores. La primera reunión mantenida este lunes entre la ministra, las patronales que representan a empresas como Mercadona, Alcampo o Lidl, y las organizaciones de consumidores ha terminado sin acuerdo. Solo ha sido una primera toma de contacto "muy constructiva", según Díaz, que ha emplazado a los asistentes a una nueva reunión en próximos días. Pero las compañías consideran que la iniciativa no es "útil para solucionar los problemas que hoy en día tiene el comercio y el IPC de alimentación".

Así se ha manifestado al término del encuentro Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que representa a Mercadona, Lidl, Dia y supermercados regionales como Ahorramas y Condis. Las tres patronales convocadas -además de Asedas estaban Anged (El Corte Inglés y Alcampo, entre otras empresas) y ACES (Eroski o Carrefour)- han cuestionado la idea promovida por Díaz para que las grandes firmas de la distribución elaboren una cesta básica que, durante algunos meses, incluya alimentos variados y con precios congelados. Consideran que las empresas hacen ya esfuerzos en sus márgenes para contener las subidas de precios y que los costes de la energía están pasando factura al sector. La idea de Díaz también ha generado fricciones dentro del Gobierno y enfurecido a la Confederación Española de Comercio y a la asociación de autónomos ATA, que considera que alienta el consumo en las grandes superficies.

El sector de la distribución aboga por una bajada del IVA, una medida que consideran más eficiente. "Sería posible revisar qué productos que soportan un IVA del 21% podrían pasan al 10%, qué productos que soportan un 10% pueden pasar a un 4%, e incluso productos de primera necesidad que podrían quedar exentos de IVA como hizo durante unos meses Alemania en 2020″, ha afirmado García Magarzo. La gran distribución defiende que el incremento de la recaudación por este impuesto por la subida de precios debería beneficiar a los usuarios.

En un tono más optimista que el de las empresas, la ministra de Trabajo afirmó tras la reunión, que duró algo más de una hora, que las grandes empresas tienen margen y beneficios suficientes para elaborar la cesta que propone y que, insistió, debe incluir productos frescos, como carne, pescado, fruta, verdura, lácteos y huevos. "Nuestra propuesta es la misma que la que explicamos la semana pasada: es una medida legal que consiste en una cesta de la compra básica, de calidad, compuesta por productos que garanticen una alimentación sana y que esté disponible hasta después de la navidad", dijo en una conferencia de prensa tras el encuentro. Y ha añadido: "Nosotros podemos pedirle esfuerzos a los que más tienen. A los que menos no podemos pedirles nada. En este caso es a las grandes distribuidoras, como a las grandes energéticas o a la gran banca, que son los que tienen más margen".

Pero las empresas cuestionan que sea legal la medida desde el punto de vista de la competencia, según ha destacado Aurelio del Pino, presidente de Ace s. "Entendemos que el marco legal no permite llegar a acuerdos entre empresas en materia de precios", ha dicho. Hace unos días la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia advirtió, en la una línea similar, de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. Estas medidas pueden "acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores de mercado en detrimento del resto, con efectos negativos a largo plazo en la estructura competitiva y, por tanto, en los consumidores".

Preguntada al respecto, y sobre el impacto perjudicial sobre el pequeño comercio, Díaz ha afirmado que no considera que estas medidas vayan contra las tiendas de barrio y ha asegurado que la Ley de Comercio permite "tomar medidas excepcionales" en momentos "excepcionales", como podría ser el actual. Sin embargo, ha puntualizado: "No es lo que estamos planteando".

El sector considera, no obstante, que está haciendo ya esfuerzos "ingentes" para contener los precios y que ya ofrece una cesta de la compra asequible, según dijo el vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, en declaraciones a los periodistas tras el encuentro en la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid. Millán-Astray dijo que ha trasladado a la ministra su preocupación por la imagen que se está proyectando del sector de la distribución comercial, "que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad". "No hay ningún dato que demuestre que hay un comportamiento anormal por parte de la distribución, todo lo contrario", añadió. Según Anged, mientras el incremento de los precios medios de la industria ha crecido un 12,6% en el último año, el de la distribución ha crecido en torno a un 7%, incluso por debajo del IPC general, que en agosto se situó en el 10,4%.

La subida de los costes por la energía ha sido esgrimida por la gran distribución, que asegura de trabajar con estrechos márgenes comerciales netos del 1% y 2%, como el principal causante del incremento de precios. Las patronales han puesto como ejemplo el caso de una firma del sector (no ha trascendido el nombre) cuya factura de energía "se va a comer el triple de los beneficios del año pasado", ha dicho García Magarzo, que ha pedido al Gobierno que considere al sector como electrointensivo para que también reciba apoyo público, y que ayude a los consumidores más vulnerables con políticas dirigidas a ellos de forma específica.

El sector se defiende ante la idea de que sus empresas cuentan con los márgenes necesarios para aplicar bajadas de precios. "No compartimos que la elaboración de una cesta básica común sea una buena idea. Por dos razones: no es coherente con la estructura de la distribución comercial española, que está mucho menos concentrada que en Europa; y porque el ejemplo francés no es el adecuado", defendió Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que representa a operadores como Mercadona, Lidl o Dia.

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones presentes en el encuentro consideran "inviable" llegar a un acuerdo con el Gobierno para fijar esa cesta, algo que ven además "contraproducente" porque "sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida".

Se refieren al ejemplo francés de 2011, puesto sobre la mesa por Yolanda Díaz, cuando el gobierno y los distribuidores acordaron diseñar una lista de productos básicos y accesibles. "Se generó una inquietud en la población sobre un descenso en la calidad del os productos que se comercializaban. En la situación actual, es un peligro añadido", apuntó García Magarzo.

El diagnóstico del sector, que habla de un problema de costes, está alejado del articulado tanto por Díaz como por Alberto Garzón, ministro de Consumo. Ayer, la vicepresidenta segunda del Gobierno dijo que "a la gran distribución hay que pedirle esfuerzos, como a la gran banca o las grandes eléctricas".

"No se es preciso cuando se dice que la gran distribución tiene margen para reducir los precios. Grandes y pequeños no superan un margen del 3%. Este año el coste de la energía va a representar el 4% de las ventas, y el año pasado era un 1%. Muchos operadores acabarán el año en pérdidas", explica a este periódico Juan Manuel Morales, director general de IFA y presidente de la patronal europea de la distribución alimentaria, Eurocommmerce.