La decisión de los partidos que forman el Gobierno de coalición español de impulsar nuevos impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de la gran banca y las firmas energéticas no solo ha causado rechazo e inquietud entre las firmas afectadas y el conjunto de la patronal española, sino que ha generado preocupación entre el empresariado europeo. BusinessEurope, la patronal europea de la que forma parte la CEOE, ha remitido una carta a las instituciones comunitarias alertando del riesgo de que los países de la Unión Europea comiencen a impulsar este tipo nuevos tributos por su impacto en los sectores gravados y en la recuperación económica en general.

La misiva, está firmada por el director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, y fue remitida hace una semana al presidente del Eurogrupo, a la presidencia checa del Consejo, así como al comisario europeo de asuntos económicos y a los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete. En el texto, la patronal europea traslada que está "preocupada" por "la imposición de medidas fiscales extraordinarias temporales a nivel nacional para compensar el impacto" de la inflación. "Los impuestos sobre las empresas energéticas tras los altos precios del petróleo y el gas, y los bancos, tras la subida de los tipos de interés, están en la agenda política de toda Europa", concreta, advirtiendo de que ya han comenzado a ser puestas en marcha por diferentes países, siendo caso paradigmático el de España, que actualmente tramita la creación de ambas figuras, aunque la carta no cita al país directamente.

BusinessEurope ofrece diferentes argumentos a la hora de cargar contra este tipo de gravámenes. De un lado, la carta alerta de que "un impuesto específico sobre los bancos puede afectar la estabilidad financiera y la capacidad de prestar a las empresas", y cita las cautelas que el propio Banco Central Europeo ha mostrado en torno a la creación de este tipo de figuras. La patronal europea sostiene que garantizar la estabilidad del sistema financiero es fundamental para facilitar la recuperación económica y el acceso de las compañías a crédito, sin el cual se encontrarían "en desventaja competitiva" frente a sus pares de otros países.

De otro lado, argumenta que "los impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las empresas de energía" podrían "afectar la capacidad de algunos generadores de electricidad para realizar las inversiones necesarias" y corren "el riesgo de distorsionar el mercado a largo plazo". En cualquier caso, agrega, los países tendrán serias dificultades para identificar correctamente los llamados "beneficios extraordinarios", por lo que en caso de que estos impuestos prosperen pide a la UE que establezca una metodología homogénea que impida diferentes tratamientos en cada Estado.

"Los gobiernos y las autoridades, a nivel nacional y de la UE, deben hacer todo lo posible para evitar imponer una nueva carga a las empresas para preservar el apalancamiento económico de la UE", expone la carta, que sostiene que "las empresas europeas se están centrando en encontrar soluciones para hacer frente a las consecuencias inmediatas de la guerra en Ucrania y las interrupciones de suministro" que persisten tras la pandemia.

Aunque la carta puede entenderse como una llamada de atención directa sobre el caso español, existen otros ejemplos. La propia misiva de la patronal europea recuerda que "Italia ya ha introducido un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las empresas de energía" y que otros países ultiman "un impuesto a los bancos por las ganancias inesperadas obtenidas de los intereses netos y las tarifas cobradas a los clientes debido a las tasas de interés más altas". En este campo señala que "Polonia y Rumanía permitieron a los propietarios suspender los pagos de la hipoteca y Hungría ya introdujo un impuesto bancario". Alemania, por su parte, ha avanzado que prepara un impuesto sobre los beneficios de las firmas energéticas.

Después de todo, la introducción de gravámenes temporales sobre los beneficios extraordinarios logrados por las compañías energéticas como consecuencia del alza de precios fue avalada por la propia Comisión Europea, que abrió la veda a que los estados miembros den pasos en esta dirección durante la pasada primavera.