La dificultad radicaba en el principal cambio que supone esta reforma: que los autónomos dejan de poder elegir su base de cotización y pasarán a cotizar en función de su renta. A partir de ahí, y tras numerosas negociaciones, la clave para recabar el apoyo de los autónomos fue fundamentalmente, hacer esta reforma en varias fases. En principio iba a diseñarse a lo largo de nueve años y finalmente se estableció un primer desarrollo a tres años y luego se evaluarán los resultados y seguirá el despliegue de la reforma. Así, el diseño de los nuevos tramos de cotización a solo tres años no resultaba especialmente dañino para la mayoría de los autónomos (dos de cada tres cotizarán ahora lo mismo o menos) y por eso salió adelante.

Sin embargo, esa reforma que podría calificarse de a medias tiene algunos efectos negativos, sobre todo para el sistema, de los que no se ha hablado tanto, pero sí los ha detectado el economista investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, quien ha realizado un trabajo sobre el recién estrenado modelo de cotización alertando de varios puntos negros de esta nueva norma que, entre otras cosas, y según su justifica su análisis, podría fomentar la figura del falso autónomo; aumentar la inequidad entre los asalariados y los autónomos, favoreciendo a estos últimos o resultar neutra en términos de ingresos pero no de gastos en el medio y largo plazo.

Así, García explica que los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) "reciben un mejor trato que los encuadrados en el Régimen General de asalariados" ya que quienes trabajan por cuenta propia y se encuadren en los tramos inferiores serán tratados como trabajadores a tiempo completo cuando declaren rendimientos inferiores al SMI a jornada completa. De esta manera, este economista denuncia la decisión de establecer para una buena parte de los trabajadores autónomos bases y cuotas inferiores a los mínimos del Régimen General de asalariados para un contrato a tiempo completo, "puede generar competencia desleal con las empresas y profundiza el riesgo del uso de la figura del falso autónomo disminuyendo la calidad del empleo".

Se refiere con ello a que muchas empresas pueden verse tentadas por la práctica fraudulenta de instar a sus empleados que se den de alta como autónomos, aun pagándoles el empleador las cotizaciones, porque estas serán más bajas que las que le correspondería ingresar por ese mismo sueldo teniéndolo como asalariado. Así, ha alertado de que puede haber compañías que busquen ese menor coste laboral, así como menos complicaciones con las normas de contratación y despido. Y junto a esta, hace otra advertencia ante otro fraude susceptible de llevarse a cabo: "la ocultación de ingresos por los autónomos para pagar menos cuota, afectando también a la recaudación del IRPF y el IVA".

Asimismo, este experto en Seguridad Social cree que también existe trato de favor hacia los autónomos con este nuevo sistema en los tramos altos de cotización, porque con rendimientos netos superiores a la pensión máxima los autónomos cotizan siempre por debajo de ésta y, por tanto, no están obligados a realizar el esfuerzo exigido a los trabajadores asalariados cuya base de cotización máxima es superior en un 28% a la pensión máxima, explica García.

Otra pega que puede encontrarse en este nuevo sistema es que la relación entre los rendimientos netos declarados por los afiliados al RETA y la base mínima de cotización de cada tramo es decreciente a medida que aumentan los rendimientos. "La ausencia de razones que expliquen esta estructura permite pensar que las tablas se han construido a partir de la cuota que se quería que se pagase en cada tramo, construyendo posteriormente el resto de su contenido", critica García.

Dicho esto, el trabajo realizado para Fedea considera que "no es posible calcular el impacto sobre los ingresos del sistema de Seguridad Social al no disponer de información pública suficiente sobre la situación actual, y no haber presentado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social la necesaria Memoria Económica con el adecuado detalle. "La aproximación realizada con información indirecta apunta a que, en el mejor de los casos, puede tener un mínimo impacto en el actual nivel de ingresos", indica este documento, por lo que si no aumentan las bases de cotización –y, por tanto, la recaudación– del colectivo, tampoco recibirán mayores prestaciones, tal y como se ha argumentado desde la Seguridad Social.