El Ministerio de Hacienda no deflactará el IRPF como medida para mitigar el impacto de la subida de la inflación en la renta de los ciudadanos y tampoco retomará su idea de equiparar la tributación del diésel a la de la gasolina.

El departamento dirigido por María Jesús Montero se encuentra en plena elaboración de los Presupuestos de 2023 y, poco a poco, va desvelando las medidas que formarán parte del proyecto de cuentas públicas y aquellas que serán descartadas, comenzando por aquellas cuestiones que recaen directamente en el ámbito de competencias de Hacienda: los impuestos.

La ministra ha declarado a EFE que los Presupuestos de 2023 no incluirán la equiparación de la tributación del diésel con la de la gasolina, una medida que llegó a introducir en el proyecto de cuentas públicas de 2021 pero que finalmente fue eliminada durante la tramitación de esos Presupuestos dentro del acuerdo parlamentario alcanzado entonces con el PNV.

El diésel cuenta con una bonificación fiscal mayor que la gasolina, algo que explica que, por lo general, cuente con un precio inferior, lo que ha llevado al Gobierno a contemplar la equiparación de su tributación desde el inicio de la legislatura e incluso incluirlo en las medidas pactadas con Bruselas.

Sin embargo, Montero considera que "en este momento no sería razonable" subir la tributación del diésel en estos momentos, argumentando que "no tiene sentido" incrementar su fiscalidad en un momento en el que el Gobierno está bonificando con 20 céntimos los repostajes de combustible para aliviar su gran encarecimiento por la guerra en Ucrania. En cualquier caso, la ministra no descarta que la medida pueda acometerse antes de finalizar la legislatura -termina a finales de 2023-, una vez pase el "nubarrón" generado en el contexto económico por la guerra.

Durante el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a acometer en 2023 parte de la reforma fiscal, especialmente la relacionada con la fiscalidad medioambiental, ligada al transporte y la energía. Sin embargo, el adverso contexto económico generado tras la guerra ha obligado al Ejecutivo a aplazar buena parte de dicha reforma.

En este sentido, Montero espera pactar con Bruselas algunas de las medidas fiscales a introducir de manera más inmediata, seleccionando solo aquellas que en este momento no supongan "un esfuerzo añadido" y que sean más adecuadas para el contexto actual, como son la rebaja del IVA en los productos menstruales o algunas de las medidas de fiscalidad medioambiental. Así, en caso de que el contexto económico mejore, la intención del Ejecutivo es implementar medidas disuasorias en el uso de combustibles fósiles y fomentar las renovables.

Otra medida descartada por la ministra es la deflactación del IRPF para aliviar el impacto de la alta inflación en las rentas de los ciudadanos, tal y como viene defendiendo el PP desde el gran encarecimiento de la vida a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Montero se mantiene firme en desechar esta propuesta, al considerar, según declaró a EFE, que "las bajadas masivas de la fiscalidad están contraindicadas" para contener la inflación porque pueden provocar "efectos de segunda ronda que puedan cronificar una situación que a priori es transitoria".

En cualquier caso, la elaboración de los Presupuestos está aún dando sus primeros pasos, tras aprobar el Consejo de Ministros la semana pasada el techo de gasto que fija el límite sobre el que elaborar las cuentas públicas, y el comienzo este pasado lunes de las negociaciones entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

Primero será necesario un acuerdo entre estas dos formaciones que forme el esqueleto del Presupuesto, para luego llevarlo al Congreso de los Diputados y negociar ahí con el resto de grupos parlamentarios, aunque Montero ha indicado que ya mantuvo "conversaciones" con los dos principales socios parlamentarios, PNV y ERC, durante la aprobación del techo de gasto y la fijación de la tasa de referencia del déficit autonómico para 2023.