El Gobierno está dispuesto a aceptar la propuesta de la patronal CEOE de incluir los salarios de los funcionarios en un pacto de rentas. Un pacto que, por el momento, englobe el acuerdo para la negociación colectiva de la patronal y de los sindicatos y a los empleados públicos. El objetivo es detener o ralentizar el crecimiento exponencial de los precios, que en junio llegó a una tasa interanual del 10,2%. Incluso, el Gobierno calcula que los precios acabarán este año con una tasa del 7,8%, y en el 2,9%, en 2023, de acuerdo con el deflactor del PIB del consumo privado, recogido en el cuadro macroeconómico que presentó ayer el Ejecutivo.

Esto se traduce en que se acerquen, o sean relativamente similares, los incrementos salariales de las empresas y de todos los empleados públicos. Tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Así lo explicó ayer María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Público tras el Consejo de Ministros.

Es necesario recordar que la política salarial de los funcionarios y de creación de plazas son competencias básicas del Gobierno central, que deben obedecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por todas estas razones, si llegase a buen puerto el pacto de rentas, como desea el Gobierno, sería la primera vez que ocurre en toda la etapa democrática y afectaría a 14,5 millones de trabajadores, aproximadamente. Es decir, entre los convenios del sector privado, las empresas públicas y el empleo de las administraciones.

Montero dijo: "Mi voluntad es llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales, pero les diría: nuestra voluntad sería el poder impulsar ese pacto de rentas que el Gobierno está pidiendo a los agentes sociales para dar estabilidad y certidumbre a la economía del país".