El aumento hasta junio es del 2,45%, lo que marca una clara escalada desde que a principio de año apenas superara el 2%. Así lo atestiguan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hechos públicos ayer. Por sectores, el que experimenta una mayor subida es la construcción, con un 3,15%. Le sigue la industria, con un 3,11%; el agrario, con un 2,33%; y los servicios, con un 2,16%. Los convenios de empresas privadas suben hasta junio un 2,86%, mientras que en las públicas lo hacen un 2,08%. Frente a ello, una inflación que marca récords en más de 35 años después de que en junio llegará al 10,2%.

Por contra, del lado de las grandes compañías, el incremento salarial medio del mes de mayo sí que se moderó al 3,4%, frente al 5,5% registrado en abril, según los datos de este segmento empresarial recopilados por Hacienda. La cifra compara con un aumento del IPC del 8,7% en el quinto mes del año. En todo caso, la Agencia Tributaria considera que "la irregularidad de la serie recomienda atender a la cifra acumulada en el año, antes que al dato en un mes en concreto". Siguiendo esta indicación, el incremento salarial medio registrado en las grandes empresas en los cinco primeros meses del año fue del 3,6%, lo que supone una cifra muy inferior a la evolución de la inflación, pero casi cuatriplica el avance del 1% registrado el año pasado y rompe una serie en la que el crecimiento medio para el periodo desde el año 2010 fue cercano al 0%, informa Juande Portillo.

Los convenios registrados hasta junio afectan a 6,17 millones de trabajadores, de los cuales 1,52 millones, es decir, algo menos del 25%, cuentan en sus convenios con una cláusula de revisión salarial destinada a no perder poder adquisitivo. El resto de los trabajadores no cuentan con ellos. Esta proporción entre trabajadores que tienen este tipo de cláusula y los que no se ha desequilibrado en los últimos meses: ahora hay menos trabajadores, porcentualmente, que cuentan con algún tipo de salvaguarda para no perder poder adquisitivo, ya que en marzo superaban el 29%.

La reducción en el porcentaje de trabajadores beneficiados por estas cláusulas va en sintonía con las peticiones del Banco de España, que en los últimos meses ha insistido, en la misma línea en la que lo ha hecho la patronal, en la necesidad de que el pacto de rentas que propone el Gobierno incluya, entre otras cuestiones, una desindexación de los salarios respecto al IPC, como parte del esfuerzo que los trabajadores tienen que asumir. Además, el Banco de España ha reiterado la influencia que los aumentos salariales pueden tener en los efectos de segunda ronda. Las negociaciones de cara a alcanzar un pacto de rentas, que ya han encallado en un par de ocasiones, se retomarán tras el verano. El Gobierno espera que tenga una vigencia de tres años.

Quien no está tan de acuerdo con esta propuesta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, más alineada con las ideas de los sindicatos, que siguen defendiendo vincular los salarios al IPC. Ayer, a su llegada a unas jornadas organizadas por CCOO, Díaz afirmó ser "consciente de la complejidad del momento económico y social que vivimos, pero también de que los salarios no son los causantes de la inflación que tenemos en nuestro país. La salida de esta crisis no puede venir sacrificando a los de siempre. Es necesario subir los salarios en nuestro país". Díaz aprovechó para dar carta de naturaleza a las movilizaciones que convocarán los sindicatos en los próximos meses con las que buscan trasladar la presión a las mesas de negociación colectiva. Con el lema Salario o conflicto, los sindicatos ya avisan de un "otoño caliente" si sus demandas no son escuchadas.