La sala de Competencia de la CNMC ha impuesto una sanción récord de 203 millones de euros a las seis constructoras españolas cotizadas más grandes de España por alterar el funcionamiento del mercado de obra pública de manera continuada desde 1992 hasta 2017. Según la CNMC, las prácticas se reprodujeron durante 25 años y afectaron a miles de contratos de distinto importe y sector, principalmente, obras públicas dependientes del Ministerio de Transportes (antes denominado Fomento).

ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHLA son los seis grupos multados que acumulan una larga lista de expedientes y de sanciones por parte del supervisor de los mercados, ninguno firme hasta la fecha. Las seis compañías, que ya han anunciado que van a recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional, también se enfrentan al riesgo de no volver a contratar con el Estado por un año, petición que la CNMC ha elevado a la Junta Consultiva de Contratación.

ACS, el mayor contratista del Estado en España, ha sido la empresa con la mayor multa, 57,1 millones. FCC ha sido sancionada con 40,4 millones; la de Ferrovial asciende a 38,5 millones; y la de Acciona son 29,4 millones. OHLA debe pagar 21,5 millones, mientras que la sanción a Sacyr asciende a 16,7 millones. La CNMCha archivado las actuaciones preliminares contra Lantania, la empresa que en 2018 compró las unidades de negocio de Isolux-Corsan que, antes de quebrar, fue miembro veterano del denominado G7.

Hasta ahora, la mayor sanción de la CNMC había recaído en 2015 sobre un supuesto cártel de la automoción por valor de 171 millones de euros. También fue relevante la multa a los tecnólogos del AVE (128 millones) y a las aseguradoras por 120 millones.

Tras una larga investigación, que arrancó en 2014 en las oficinas de Drace (filial de agua de ACS), la CNMC denuncia que las seis empresas se reunían semanalmente y de forma rotatoria en la sede de cada una de ellas para analizar las oportunidades de contratación en España y acordar los trabajos comunes que podían compartir para la elaboración de las ofertas técnicas de los concursos.

El organismo presidido por Cani Fernández añade que, además de compartir el coste de los informes para obtener una ventaja competitiva frente al resto de rivales, las empresas "intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTE (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían".

Según la CNMC, ambas conductas son colusorias al incumplir la normativa de defensa de la competencia nacional y comunitaria (artículo 1 de la LDC y 101 del TFUE). En la investigación, interrumpida en varias ocasiones y retomada en 2020, los funcionarios de la CNMC también entraron en las oficinas de la patronal Seopan, que representa los intereses de los mayores grupos de infraestructuras nacionales.

Según la versión de las empresas denunciadas, el objetivo de esas reuniones era totalmente legal, ya que trataban de obtener ahorros en la contratación de trabajos comunes para el grupo de empresas como, por ejemplo, los estudios geotécnicos o informes de salud e higiene, que servían luego de base para la elaboración de las ofertas técnicas. "Es verdad que las seis obtenían una ventaja competitiva al contratar un solo informe o trabajo externo para todas, pero el cliente no se veía perjudicado en el resultado final de la adjudicación", indican en el sector.