Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son poco alentadores sobre una posible reversión del escenario a medio plazo. La inflación de junio apunta al 10,2%, el mayor nivel en 37 años de confirmarse el próximo 13 de julio el indicador adelantado, y la subyacente ya se sitúa en el 5,5%. De enero a mayo, la cesta de la compra se ha encarecido, de media, un 8,1%.

Las subidas de precio más destacadas se dan en bienes y productos esenciales. Los gastos relacionados con la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles registran alzas superiores al 10% desde abril del año pasado, llegando a alcanzar el 33,1% en marzo y anotándose algunos meses por encima del 20%. Transportes, con incrementos anuales superiores al 10% desde finales del año pasado, y alimentos, en máximos de 28 años, completan la lista. Cabe recordar, que según la Encuesta de Condiciones de Vida la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 27,8% durante el primer año de la pandemia, firmando su cifra más alta en cinco años.

Sobre este marco, el estudio de Oxfam Intermón La desigualdad no se va de vacaciones apunta que la inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los hogares más ricos. Para los hogares con menor poder adquisitivo (400 euros de ingresos al mes), hoy es un 14,15% más caro mantener el mismo patrón de consumo que antes de la pandemia, casi el doble que el IPC general medio hasta mayo (8,1%). La cesta de la compra también es más cara que antes para los más pudientes (5.000 euros o más de renta mensual), pero en menor medida, un 11%. 

La mella del impacto en los hogares con menos ingresos de la subida de los precios energéticos también es cada vez mayor. Oxfam Intermón estima que, durante el primer trimestre del 2022, el 35% de los ingresos de los más vulnerables se destinó al pago de la energía. Los tentáculos de esta subida de los bienes energéticos también llegan a los hogares de clase media-baja: para casi un 4% (75.019 hogares en estimaciones de la ONG) los recibos de luz o gas absorbieron el 50% de los ingresos.

La destrucción de las clases medias viene de la mano de la imposibilidad de ahorrar. Con la inflación controlada, la mitad de los hogares españoles con más de 16.000 euros de ingresos netos anuales podían guardar parte de los ingresos, pero con los precios desorbitados, el análisis apunta a que tan solo tres de cada 10 hogares pueden hacerlo. Esta nueva realidad, recoge el estudio, sería indicador de un fuerte deterioro de las clases medias en España y un aumento de la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y a menos ingresos, aún más inviable. Manteniendo la misma cesta de la compra, la capacidad de ahorro empeora 3,5 veces más entre los hogares más pobres, cuya capacidad ya era negativa antes de la alta inflación.

Como en todo, en las crisis también hay contrastes. Mientras unos se hunden, otros recogen ganancias, indica la ONG. Se refiere a los sectores financiero, farmacéutico, energético y alimentario, que se disparan en pleno caos económico. Según recuerda la organización, los ingresos de las cuatro mayores empresas energéticas españolas crecieron un 34% entre 2020 y 2021 y sus beneficios (los cálidos del cielo los busca gravar el Gobierno) en 2021 fueron el doble de la media observada durante los cinco años anteriores.