Este aviso lo realizó la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, precisamente ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados. Aunque no solo toca a la cartera de María Jesús Montero. También tendrá que responder ante Bruselas el ministro encargado de las pensiones, José Luis Escrivá. Junto a la aprobación del segundo pago de los fondos europeos, la Comisión Europea advirtió sobre el gasto en pensiones.

De hecho, desde Europa revisarán las cuentas del sistema de pensiones español a través de un análisis financiero de la Seguridad Social que tendrá que remitir el Ejecutivo, tal y como publicó elEconomista.es el pasado 27 de junio, coincidiendo con la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

De hecho, economistas consultados por este medio se atreven ya a augurar recortes a España. La incertidumbre económica de cara al próximo otoño decidirá gran parte de la actuación en la Unión Monetaria. Así, Javier Santacruz, va más allá asegurando que "probablemente" veremos lo contrario a un tope de gasto extra de 15.000 millones en 2023, lo que supondría "la necesidad de un recorte del gasto para 2023", cierra rotundo.

Y es que la evolución de la inflación desvía las previsiones de gasto público. Para el Plan de Estabilidad 2022-2025 que el Gobierno envió a Bruselas se contaba ya con el pico de la inflación, según la propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Ahora, el panorama cambia en el ministerio de Economía, donde ya admiten una inflación "más elevada y persistente".

La escalada de precios, con el repunte incluido en mayo y junio, ha provocado que, en el caso de la AIReF, sus previsiones de inflación desvíen en unos 3.500 millones de euros la factura extra que afrontará España para mantener el poder adquisitivo de las rentas de más de 9 millones de pensionistas con el debate en dos principios del sistema: la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones.

Así, con este panorama, la AIReF calcula que a España le queda un margen de medio punto del PIB para aumentar el gasto corriente, puesto que la mayor parte ya los cubre las pensiones. Además, la cifra ofrecida por la auditora pública es relativamente optimista si se compara con la otra gran entidad pública: el Banco de España eleva hasta 1.800 millones por cada punto extra de inflación el gasto en pensiones, mientras la AIReF se queda en 1.500 y otros analistas manejan esa horquilla.