Las empresas que utilicen los servicios de la futura Agencia Española del Empleo deberán comunicarle todas las vacantes de puestos de trabajo que tengan. Con esta medida el Gobierno tiene varios objetivos: en primer lugar, intenta acortar los plazos en los que una persona está en desempleo y, por lo tanto, adecuar la oferta de ocupación a la demanda. En segundo lugar, la medida pretende mejorar la información que los servicios públicos de empleo deben tener sobre la realidad de las empresas y sus necesidades. Y, por lo tanto, incrementar la capacidad del desempleado de encontrar trabajo, lo que se conoce como empleabilidad.

No obstante, la patronal CEOE ha conseguido recortar las pretensiones iniciales del Gobierno de tener la información sobre los puestos vacantes en todas las empresas. Por lo tanto, la nueva Agencia Española del Empleo requerirá la citada información únicamente a las empresas que utilicen sus servicios, para encontrar y formar a sus trabajadores.

Así se regula en el Anteproyecto de Ley de Empleo, que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que fue defendido por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Ejecutivo creará una oficina vinculada al Observatorio de las Ocupaciones para el estudio y asesoramiento sobre políticas de empleo y mercado de trabajo. Y, además, utilizará la inteligencia artificial para mejorar la explotación de los datos del mercado de trabajo.

Con la norma, el Gobierno aborda la reforma del actual Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), sucesor del antiguo Instituto Nacional de Empleo. Por lo tanto, es la tercera reforma en profundidad del organismo que emprende un Gobierno desde que comenzó la democracia. Un ejemplo más de lo ineficaz que ha resultado el organismo hasta ahora para resolver el problema de desempleo estructural que tiene España.

En este contexto, y de acuerdo con la medida anterior, las empresas, como se ha señalado podrán contar con un servicio individualizado de la agencia para resolver sus problemas de ocupación de sus trabajadores. Especialmente, aquellas que tengan necesidades formativas ante el cambio de modelo productivo que el Gobierno quiere impulsar por medio de los fondos europeos de transformación. Por ejemplo, hacia la economía medioambiental, digital y la inversión industrial y tecnológica.

La norma también amplía la atención prioritaria de la Agencia Española del Empleo a nuevos grupos sociales, con muchas dificultades de inserción laboral. Por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual límite; marginadas por su orientación sexual, mayores de 45 años o víctimas de violencia de género. La administración también dará prioridad a las personas que sean discriminadas por su raza, y a los trabajadores procedentes de sectores en reestructuración.

Además, el Ejecutivo emprenderá un nuevo intento de cooperación de la agencia central con los servicios de las comunidades autónomas y, una novedad, con las agencias de los ayuntamientos. Esta última medida quiere adaptar la formación de los empleados a las necesidades de las empresas más próximas, de la ciudad, de la comarca o de la provincia.