España tendría que incrementar su recaudación en términos de impuestos verdes en 0,81 puntos de PIB, es decir, alrededor de 10.000 millones de euros más que lo que recaudó en 2019, de acuerdo con los últimos datos que maneja el Banco de España. Mientras la recaudación de este tipo de impuestos se situó de media en un 2,58% de PIB en los 27 estados miembro, en el caso de España fue de un 1,77%, lo que sitúa a nuestro país en la antepenúltima posición de la UE.

Por categorías, y para equipararse a la media de los 27, la recaudación verde sobre los combustibles del transporte tendría que aumentar en España en 0,3 puntos de PIB, alrededor de un 0,2% en el caso del gravamen a la energía, casi un 0,3% en el transporte y 0,01% el impuesto sobre la contaminación. La recaudación verde sobre el PIB en nuestro país fue de 1,08 puntos en impuestos sobre los combustibles del transporte; 0,37 en gravamen a la energía; 0,24 al transporte y 0,08 sobre la contaminación. Mientras, en la media en la UE la recaudación fue de 1,38 puntos en impuestos sobre los combustibles del transporte; 0,59 en gravamen a la energía; 0,51 al transporte y 0,09 a la contaminación.

La brecha de recaudación en España por este concepto y con respecto a la UE se ha mantenido estable y cercana a un punto porcentual durante las dos últimas décadas, según el informe del Banco de España. Una situación que se explica, según el supervisor, por los menores impuestos sobre la energía, y en particular sobre los hidrocarburos ya que, como se indica en el documento, "a pesar de que la imposición sobre los hidrocarburos en España es menor que en otros países, los tipos de gravamen no se han incrementado en términos reales en los últimos años". Concretamente desde 1995.

El Banco de España está preocupado por el reto climático y en su informe anual insta a los agentes económicos a que contribuyan en el proceso de transformación ecológica. En concreto, emplaza al sistema financiero, como canalizador de los recursos, y a los bancos centrales; pero, sobre todo, a los gobiernos, quienes considera que tienen la llave de este proceso de cambio.

El supervisor reconoce que, si bien los gobiernos ya aplican medidas de política económica y fiscal dirigidas a limitar el consumo de energía y a promover el desarrollo y la adopción de fuentes limpias, aún hay mucha capacidad de mejora. En particular, en el caso de España y, en concreto, en materia de política fiscal, el supervisor considera que existe un "amplio margen" para elevar los ingresos de la fiscalidad verde debido a que, si se compara con el resto de Europa, nuestro país está en una posición muy rezagada. Es más, el supervisor advierte en su informe de que España se encuentra, "de manera permanente", en el grupo de economías de la UE27 más atrasadas en términos de fiscalidad medioambiental.

Como posible hoja de ruta, considera "un punto de partida indispensable" para hacer frente a la revisión de la fiscalidad medioambiental el Libro Blanco de la reforma tributaria, presentado por el Gobierno antes de la invasión de Rusia a Ucrania y en el que se recogen medidas con capacidad para incrementar la recaudación entre 5.941 y 15.023 millones.