La recomendación, a cargo del Fórum de Gestión del Sector Público, incluye una comisión ética que se encargaría de emitir jurisprudencia y sancionar a las personas que incumplan el código deontológico. La idea es reducir los comportamientos corruptos y mejorar la calidad de la gestión. En paralelo, piden un portal web que aglutine toda la oferta pública de empleo. Podría ser gestionado por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y básicamente incorporaría de forma segmentada y clasificada todos los elementos relativos al proceso de reclutamiento y selección, incluyendo temarios, tipologías y condiciones de acceso.

La idea es flexibilizar los procesos para que toda la población tenga la misma posibilidad de optar a una plaza pública. De acuerdo con el Fórum, el sistema actual ahuyenta a muchos jóvenes del servicio público, lo que ocasiona que en ocasiones las plazas que se ofertan queden vacantes. En efecto, según los datos oficiales, solo el 12% de la plantilla es menor de 40 años y se estima que en menos de 10 años el 56% de los funcionarios se jubilará.

La tercera propuesta consiste en hacer obligatorio un plan de Gobierno Abierto para todas las administraciones públicas, con opción a revisarse cada dos años. Como cualquier otro plan de este tipo, recogería los compromisos adquiridos para avanzar en temas de transparencia y participación ciudadana. Asimismo, habría una oficina que reuniría toda la información relativa a las contrataciones públicas y que serviría de apoyo en el proceso de contratación. La idea es ayudar a que las Pymes, que hasta ahora no tienen acceso a las licitaciones, se puedan presentar a concurso y colaboren con la administración.

Aunque ya existe una plataforma en la que se publican todos los contratos de mayor dimensión, no permite saber cuál es la empresa que mejor se adapta a las características solicitadas, por lo que resta transparencia. Con la nueva oficina se incrementaría, según el fórum, la calidad de la oferta pública, reduciría los tiempos y minimizaría el riesgo de influencias externas en las contrataciones.

La última propuesta es un análisis con indicadores sobre la salud del entorno laboral de los funcionarios. El objetivo es disponer de una batería de escalas numéricas que permitan medir la transformación de la administración pública y el bienestar de sus profesionales. Entre los aspectos que cuantificaría está la idoneidad del personal, los niveles de compromiso de forma agregada y los niveles de seguridad psicológica. El paquete de reformas, que aún sigue en discusión con los sindicatos, se caracteriza por no exigir grandes cambios legislativos ni un alto coste.